Alcaldes de la oposición mantienen recursos contra la financiación local
El preacuerdo alcanzado el viernes entre el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Zabalza, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Francisco Vázquez, no ha logrado el respaldo unánime de los alcaldes. Ayer, el comité ejecutivo de la FEMP mantuvo una tensa reunión en la que sólo se acordó que la Federación ya no recomienda a los municipios que recurran contra Hacienda, sino que les deja libertad para actuar. El PP e Izquierda Unida en la FEMP adelantaron que no ven motivo para retirar los recursos.Francisco Vázquez (PSOE), alcalde de La Coruña, subrayó q...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
El preacuerdo alcanzado el viernes entre el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Zabalza, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Francisco Vázquez, no ha logrado el respaldo unánime de los alcaldes. Ayer, el comité ejecutivo de la FEMP mantuvo una tensa reunión en la que sólo se acordó que la Federación ya no recomienda a los municipios que recurran contra Hacienda, sino que les deja libertad para actuar. El PP e Izquierda Unida en la FEMP adelantaron que no ven motivo para retirar los recursos.Francisco Vázquez (PSOE), alcalde de La Coruña, subrayó que se había "alcanzado un acuerdo político gracias a la mediación del vicepresidente del Gobierno, del portavoz del grupo parlamentario socialista y de la dirección del PSOE".
El problema es que los representantes de ese "poder local" desde los partidos de la oposición no están de acuerdo con el preacuerdo. El alcalde de Córdoba, Herminio Trigo -que habló en representación de IU en la conferencia de prensa - criticó "el incumplimiento de los mandatos de la asamblea de Zaragoza". Francisco Tomé, del PP, expresó su "rechazo a la modificación de la ley de haciendas locales" y dejó claro que ayuntamientos como el de Madrid mantendrán su recurso contra Hacienda.
Según el preacuerdo, Hacienda abonará a municipios y diputaciones 25.000 millones por la aplicación con carácter retroactivo a 1990 de la enmienda a los presupuestos de este año [ver EL PAÍS del 18 de enero] y una cuantía similar para 1991. El único aspecto del preacuerdo respaldado por socialistas y oposición es la eliminación del límite de crecimiento de la participación de las diputaciones en los ingresos del Estado.