Doce años y 4.500 millones para ponerse al día

Un total de 1.880 expedientes y 71.565 hojas escritas ocupan las normas urbanísticas aprobadas sólo en la provincia de Barcelona desde que entró en vigor la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en abril de 1985, según estimaciones de la Dirección General de Urbanismo de la Generalitat.Como estas normas deberían editarse en catalán y en castellano, el número de hojas que se habrían de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat (DOG) sería de 143.130. Haciendo una previsión de una media de 80 páginas escritas para cada ejemplar, sería necesario publicar 1.790 números del DOG ...

Un total de 1.880 expedientes y 71.565 hojas escritas ocupan las normas urbanísticas aprobadas sólo en la provincia de Barcelona desde que entró en vigor la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en abril de 1985, según estimaciones de la Dirección General de Urbanismo de la Generalitat.Como estas normas deberían editarse en catalán y en castellano, el número de hojas que se habrían de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat (DOG) sería de 143.130. Haciendo una previsión de una media de 80 páginas escritas para cada ejemplar, sería necesario publicar 1.790 números del DOG con un contenido dedicado exclusivamente a las normas urbanísticas atrasadas. Ese volumen crece día a día.

"Teniendo en cuenta que no se editan ejemplares [del DOG] todos los días del año, se tardarían seis años en publicar exclusivamente la totalidad de las normativas de planeamiento", señala el informe que suscribe el director general, Joan Antoni Solans. Como, además, añade, antes de publicar -cualquier texto se ha de mecanografiar, corregir y traducir al castellano, y este proceso previo puede dilatar en un 100% el tiempo de la publicación, ésta se prolongaría hasta 12 años.

Solans calcula que publicar estas normas también en el boletín oficial de la provincia -como señala la ley- costaría 4.514 millones de pesetas. Y eso sin contar las normas que corresponden a los servicios territoriales de Gerona, Tarragona y Lérida. Como conclusión, Solans pide a sus superiores que se inste cuestión de inconstitucionalidad o se empleen los medios legales que se consideren pertinentes para corregir la jurisprudencia del Supremo. En su opinión, los ciudadanos pueden consultar documentación y planos en los ayuntamientos o en los servicios de urbanismo.

Algunos ayuntamientos, conocedores de las sentencias del Supremo, han hecho publicar por su cuenta algunas normas urbanísticas en el boletín oficial de la provincia correspondiente para cubrirse ante previsibles impugnaciones, pero esos casos no alcanzan el 5% del total, al menos en Cataluña, donde se concentra el 27% del planeamiento urbanístico que se realiza en España. El Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, hizo publicar recientemente el llamado plan de hoteles olímpicos, pero no consta que se hayan publicado otros planes. "La obligación de hacerlos publicar es de la Generalitat, no nuestra", señaló el teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona, Lluís Armet.