Escándalo en Renfe

TRAS ALGUNAS vacilaciones, el actual ministro de Sanidad y ex presidente de Renfe, Julián García Valverde, ha solicitado comparecer ante el Congreso para explicar las operaciones inmobiliarias de carácter especulativo realizadas por la compañía ferroviaria durante los años en que fue su presidente vinculadas a otras fiscalmente fraudulentas.Desde que saltó el asunto, García Valverde admitió que se trataba de operaciones con un objetivo explícitamente especulativo: compraventas de terrenos destinadas a obtener una rápida plusvalía que se destinaría a financiar la construcción de una dete...

TRAS ALGUNAS vacilaciones, el actual ministro de Sanidad y ex presidente de Renfe, Julián García Valverde, ha solicitado comparecer ante el Congreso para explicar las operaciones inmobiliarias de carácter especulativo realizadas por la compañía ferroviaria durante los años en que fue su presidente vinculadas a otras fiscalmente fraudulentas.Desde que saltó el asunto, García Valverde admitió que se trataba de operaciones con un objetivo explícitamente especulativo: compraventas de terrenos destinadas a obtener una rápida plusvalía que se destinaría a financiar la construcción de una determinada vía férrea. "Hay cosas positivas en la operación, como la actitud de una empresa pública de apropiarse de unas plusvalías que, de lo contrario, irían a parar a manos de privados", ha dicho.

Esta aparente franqueza es digna de mejor causa. ¿Cómo puede compaginarse ese objetivo con el mandato constitucional (artículo 47) de "regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación"? Más todavía: ¿cómo puede compaginarse esemétodo,de obtención de fondos mediante el estímulo de la especulación con los criterios recogidos en el preámbulo de la ley del suelo, específicamente dirigida a evitar los efectos del encarecimiento del mismo "en los precios finales de las viviendas y en general en los costes de implantación de actividades económicas"? Y para remate: ¿es, o no es, un engaño a los propietarios originarios la adquisición de sus bienes rústicos con el único fin de aumentarlos de valor al convertirlos en urbanos, previa recalificación del suelo, amparándose en la información confidencial y utilizando el falso argumento de la superior legitimación de una empresa pública?

Y puesto que esos efectos indeseable -el alza artificial del precio del suelo y el peduicio, objetivo a terceros tenedores de buena fe -no es que acompañen, sino que forman parte del proyecto mismo, cualquier intento de justificación de la operación por el buen fin está condenada al fracaso. De modo que el aparente buen fin es sólo aparente. Y los malos medios son evidentes, incluido el fraude fiscal. Veámoslos. Ante una serie de demandas sociales e institucionales, Renfe acepta llevar el tren a San Sebastián de los Reyes, aunque asegura carecer de los recursos precisos. Para ello diseña un plan espelculativo de generación de dinero: adquirir terrenos rústicos a través de su filial Equidesa, posteriormente recalificarlos y convertirlos en urbanizables con la connivencia municipal y aumentar su valor en cuatro o cínco veces. Con las plusvalías obtenidas -4.000 o 5.000 Millones de pesetas- se financiaría el proyecto. El despliegue de la red ferroviaria no obedece a planes previos de Renfe ni del ministerio sino a la capacidad de generar fondos especulando descaradamente.

Para efectuar las compras, el presidente de la empresa pública autorizaun anticipo de 1.800 millones de pesetas en una simple nota de cuatro líneas en la que con toda confianza -el solicitante, tutea al director general de Renfe, se pide el anticipo "con el fin de posibilitar la realización de determinadas inversiones inmobiliarias de muy alta rentabilidad en el corto medio plazo a regularizar con posterioridad". ¿El presidente de una compañía pública puede disponer de 1.800 millones para comprar sin decir lo que se compra, ni dónde ni por qué? ¿Qué dice el Consejo de Administración de Renfe cuando, seis meses. después, se entera de toda la operación? ¿Acaso no es necesario, por tratarse de una empresa pública, el control del interventor del Ministerio de Hacienda en una operación de 1.800 millones de pesetas?

Pero la especulación lleva al fraude fiscal: precisa alcanzar un pacto con vendedores e intermediarios que exigen, de entrada, una parte del botín. Y además con el mínimo pago a Hacienda, Así, la función básica de las intermediarios es cargar con la mayor parte de las plusvalías que, después, no declararán al fisco. Las operaciones se han realizado con tal rapidez que a veces una parte de una misma finca se ha pagado tres veces más cara que el resto. Todo ello realizado con tal sensación de impunidad que en la misma notaría y en el mismo día! se han realizado de forma sucesiva compraventas de la misma finca cuyo precio se multiplicaba en cada transacción.

El grado de proximidad de los intervenientes permite colegir que la empresa pública ha sido un claro conocedor, y colaborador necesario, del fraude fiscal al IVA que ha comportado la operación. El mándalo de las compras especulativas ha coincidido con una redada de delincuentes especialistas en defraudar el IVA a través de facturas falsas o simulación de arrendamientos. Entre los primeros detenidos figuran los supuestos beneficiarios de 400 de los millones de pesetas pagados por Renfe. ¡Menudos compañeros de viaje!