Procesados Hormaechea, el vicepresidente cántabro y siete consejeros

Un auto firmado ayer por el magistrado instructor César Tolosa declara procesado a Juan Hormaechea Cazón, presidente del Consejo de Gobierno de Cantabria, por dos delitos de malversación de caudales públicos y cuatro de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta).

También se procesa al vicepresidente del Consejo de Gobierno, Roberto Bedoya Arroyo, por un delito de malversación de caudales públicos y cuatro de prevaricación. Un portavoz del Consejo de Gobierno anunció ayer que se recurrirá el auto de procesamiento. También son inculpados otros siete consejeros y el empr...

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Un auto firmado ayer por el magistrado instructor César Tolosa declara procesado a Juan Hormaechea Cazón, presidente del Consejo de Gobierno de Cantabria, por dos delitos de malversación de caudales públicos y cuatro de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta).

También se procesa al vicepresidente del Consejo de Gobierno, Roberto Bedoya Arroyo, por un delito de malversación de caudales públicos y cuatro de prevaricación. Un portavoz del Consejo de Gobierno anunció ayer que se recurrirá el auto de procesamiento. También son inculpados otros siete consejeros y el empresario Francisco de la Riva Sierra por un delito de falsedad en documento oficial y otro de estafa. Los otros encartados son David Puebla Pedrosa, ex consejero de Economía y Hacienda; José Parra Belenguer, actual consejero de Sanidad y titular de Obras Públicas en el gabinete anterior; Rogelio Pérez Bustamante, ex consejero de Cultura; Gonzalo Piñeiro García Lago, quien desempeñó la cartera de Turismo e Industria; Alberto Rodríguez González, actual consejero de la presidencia y ex consejero de Ecología y Medio Ambiente; Vicente de la Hera Llorente, consejero de Agricultura y Ganadería, que ocupó el mismo cargo en el ejecutivo anterior; Dionisio García Cortázar, consejero de Cultura, y Ricardo Conde Yagüe, ex consejero de Sanidad. Tras el auto de César Tolosa el Consejo de Gobierno queda ahora integrado por cinco personas procesadas de un total de nueve consejeros, incluidos el presidente y el vicepresidente. Asimismo, se decreta la libertad provisional, con fianza de un millón de pesetas, para Hormaechea, así como otra de 500.000 para Bedoya, Parra, Pérez Bustamante, Piñeiro y Rodríguez; De la Riva deberá aportar una fianza de 300.000 pesetas, en tanto que ha sido dictada la libertad provisional para De la Hera, Conde y García.Los procesados deberán presentarse ante el Tribunal de Justicia los días 1 y 15 de cada mes y cuantas veces fuesen llamados; además Hormaechea deberá aportar una fianza de 3,5 millones de pesetas para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se estimaran.

Adjudicaciones sin contrato

Para llegar a sus conclusiones el juez Tolosa ha manejado entre otros expedientes el relativo a la adjudicación a la empresa Oyprocansa, de la que es propietario De la Riva, de varios centenares de carteles de las obras públicas promovidas en la región, sin expediente administrativo y sin contrato, y la publicación de numerosos remitidos de prensa y cuñas radiofónicas por valor de 3.261.532 pesetas en los que Hormaechea se defendía de presuntos ataques dirigidos contra su persona por otros políticos.Otro de los expedientes es el relativo al establecimiento de un plan especial en Las Llamas, cerca del Sardinero, en Santander, para ser declarada zona de interés cultural y al que se presentaron numerosas impugnaciones. La sociedad Aparsán tenía como único capital un solar propiedad de la familia Piñeiro, afectado por la declaración de bien de interés cultural; después se vendió a una empresa de la que es accionista Juan Renedo, cuñado de Hormaechea, por 100 millones, quedando excluida del plan la parcela de dicho plan.

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