Los socialistas están solos en el debate que hoy comienza sobre el proyecto de ley de seguridad

El partido socialista aborda hoy y mañana, casi en solitario, el debate en comisión del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, sin duda el más polémico de la legislatura y quizá de los nueve años de gobierno del PSOE. Los dos grupos nacionalistas, CiU y el PNV, son los más dispuestos a colaborar para sacar adelante el proyecto, conocido como ley Corcuera en referencia a su más apasionado impulsor, el ministro del Interior. El PP y otros grupos de oposición han participado en conversaciones para tratar de modificar la ley, pero sin éxito, y mantienen su oposición frontal a la misma.

El ...

El partido socialista aborda hoy y mañana, casi en solitario, el debate en comisión del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, sin duda el más polémico de la legislatura y quizá de los nueve años de gobierno del PSOE. Los dos grupos nacionalistas, CiU y el PNV, son los más dispuestos a colaborar para sacar adelante el proyecto, conocido como ley Corcuera en referencia a su más apasionado impulsor, el ministro del Interior. El PP y otros grupos de oposición han participado en conversaciones para tratar de modificar la ley, pero sin éxito, y mantienen su oposición frontal a la misma.

El PP no había recibido hasta ayer a mediodía ninguna oferta nueva y mantenía sus enmiendas y su negativa de fondo a una ley que considera "viciada de origen por su invasión a favor del Ejecutivo de potestades judiciales". También IU y el CDS mantienen su enmiendas, que les llevaron, igual que al PP, a solicitar la devolución al Gobierno."Falta flexibilidad por parte del PSOE", declaró ayer Rogelio Baón, portavoz del primer partido de la oposición en la Comisión de Justicia e Interior. "El instinto penicilino-resistente de José Luis Corcuera", según Baón, "prima para el partido socialista sobre cualquier otra consideración".

Para el PP existe una filosofía rechazable en el origen de la ley: "Se establece un binomio idéntico entre libertad y seguridad y eso no es correcto", señala su portavoz. "La seguridad es un elemento necesario pero accesorio de la libertad".

Los populares insisten en que el PSOE no quiere dar el brazo a torcer en su error original de 1983: la despenalización del consumo de drogas. "Y ahora caen en una trampa de elefantes", añade Baón, "al desjudicializar el problema para trasladarlo a la ladera gubernamental y otorgar al Ejecutivo un excesivo poder sancionador".

Por esa vía, según el PP, "incluso aunque la ley no fuera inconstitucional, no resultaría eficaz; se resolvería la conflictividad ciudadana pero no el problema de fondo, el de los 100.000 toxicómanos, muchas veces enfermos antes que delincuentes, necesitados de una infraestructura rehabilitadora, sanitaria y ocupacional".

También es muy escéptica la posición de IU. El estudio de las enmiendas socialistas, según su portavoz en la comisión, José Luis Núñez, "revela que no piensan modificar lo sustancial de la ley y los cambios apuntados hasta ahora no remedian un proyecto que recorta la libertad y no da más seguridad".

Amenaza a las libertades

IU pondrá el acento no sólo en los dos artículos más polémicos, sobre registro domiciliario sin orden judicial e identificación callejera, sino también en las amenazas que se ciernen, según su criterio, sobre el ejercicio de derechos fundamentales. "Van a quedar en cuestión los derechos de reunión y manifestación", asegura Núñez, "porque se evita por sistema el control judicial en las sanciones administrativas, se abre la posibilidad de castigo desde el Gobierno cuando los jueces ya se han pronunciado en contra, y no se fija criterio de proporcionalidad para aplicar multas entre 5 y 100 millones de pesetas".

También el CDS hará hincapié durante el debate sobre la doble posibilidad sancionadora y la falta de control judicial de las actuaciones administrativas sobre faltas derivadas de manifestaciones o reuniones. Su portavoz para esta ley, José Antonio Souto, cree que el problema "es estructural" y difícil de resolver mediante enmiendas.

"Se avanza en dirección equivocada", señala Souto. "En vez de potenciar la policía judicial, que obtendría sin dificultad mandamientos de registro urgentes, se escoge suprimir la autorización previa del juez". La ley, según Souto, "genera inseguridad jurídica, invade desde el Ejecutivo el espacio judicial y disloca el Estado de Derecho".

Los dos grupos parlamentarios nacionalistas, catalán y vasco, son la gran esperanza del PSOE para buscar apoyos a la Ley Corcuera. Los socialistas han dado a entender su disposición a aceptar una enmienda de CiU al artículo 21.

La enmienda sustituye la exigencia de "conocimiento" por la de "evidencia" de la comisión de delitos con drogas para justificar un registro de la policía sin permiso judicial. CiU propone también suprimir el párrafo del artículo 20 que abre la posibilidad de la retención policial de quienes no lleven el DNI.

En este apartado, el Grupo Socialista ha dado indicios de que puede aceptar una nueva redacción. La modificación admitiría recursos distintos al DNI para identificar a un ciudadano, como el permiso de conducir o llamadas telefónicas a familiares o compañeros de trabajo. Ni los portavoces socialistas ni los de CiU en la comisión pudieron ser localizados ayer para confirmar estos cambios.

El vasco es el grupo menos definido. Sus diputados no acudieron a la discusión en ponencia. Su portavoz, Iñaki Anasagasti, esperaba ayer conversaciones de última hora con los socialistas. Para los peneuvistas, lo fundamental es el reconocimiento de las facultades del Gobierno autónomo y de la Ertzaintza.

La ley Corcuera ha provocado reacciones contrarias en los ámbitos judiciales, donde se la considera dudosamente constitucional. La intervención de Corcuera ante el pleno del Congreso para su defensa provocó un pronunciamiento unánime del Consejo del Poder Judicial pidiendo respeto a la independencia del poder judicial.

La asociación Jueces para la Democracia ha lamentado en una nota que el Consejo no haya abordado más concretamente las manifestaciones del ministro. Organizaciones políticas y sindicales juveniles dieron a conocer ayer la formación de una plataforma de oposición a la Ley Corcuera y anunciaron la redacción de un manifiesto contra el proyecto.