El dueño de la discoteca Flying 'pierde la memoria' en el juicio por la muerte de 43 personas
Faustino Martínez Sánchez, el dueño de la discoteca Flying de Zaragoza, justificó a conciencia el mal cartel que tiene entre los familiares de las 43 personas que murieron al incendiarse el local, el 14 de enero de 1990. Declaró en un tono casi festivo e hizo gala de una prodigiosa falta de memoria sobre cualquier aspecto que no le conviniese recordar. Sus defensores aportaron ayer como prueba una factura de la empresa Mave en la que queda reflejada la instalación de una manguera de cables en el conducto del aire acondicionado de la discoteca, donde al parecer se originó el incendio.
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Faustino Martínez Sánchez, el dueño de la discoteca Flying de Zaragoza, justificó a conciencia el mal cartel que tiene entre los familiares de las 43 personas que murieron al incendiarse el local, el 14 de enero de 1990. Declaró en un tono casi festivo e hizo gala de una prodigiosa falta de memoria sobre cualquier aspecto que no le conviniese recordar. Sus defensores aportaron ayer como prueba una factura de la empresa Mave en la que queda reflejada la instalación de una manguera de cables en el conducto del aire acondicionado de la discoteca, donde al parecer se originó el incendio.
Faustino no recordaba ni haber sido sancionado con dos multas de 25.000 pesetas y advertencia de cierre. Ayer, ante el tribunal que le juzga en la Feria de Muestras de Zaragoza, ni si se acordaba de la capacidad del local. Faustino Martínez se presentó como propietario de ocho empresas de hostelería con 90 empleados y que firmaba todos los días 40 o 50 documentos distintos. Por ello no pudo recordar si la discoteca estuvo funcionando entre 1982 y 1985 con licencia provisional. Los acusadores tuvieron que atornillarle para que recordara que tenía una póliza de seguros con la compañía Lepanto que cubría cinco millones de riesgo. El propietario de Flying insistió en su conocida versión de que el origen del incendio pudo deberse al sabotaje de un supuesto grupo anticapitalista que le exigió "hace ya tiempecillo" 10 millones de pesetas.
Faustino Martínez justificó su despreocupación por todas las instalaciones de la discoteca diciendo que todos los proyectos eran revisados por un tal Jesús Rando, que ya no reside en Zaragoza y cuyo paradero desconoce.
La defensa de Faustino Martínez aportó ayer como prueba una factura de la empresa Mave por más de 70.000 pesetas en la que queda reflejada la instalación de una manguera de cables en el conducto del aire acondicionado del local, donde al parecer se produjo el foco del incendio. Esta factura apareció hace tres días y, según Martínez, fué aceptada por el tribunal en la misma mañana de ayer. El responsable de la empresa Mave ha sido citado a declarar hoy.
Francisco Lacruz, encargado de la discoteca, declaró que se encontraba en la cabina de los discos cuando la orquesta dejó de sonar por un fallo de energía eléctrica. "En el cuarto de contadores vi que el limitador de fuerzas había saltado, le dí dos veces y a la tercera lo sujeté unos momentos para que no saltase. Al salir oí un ruido como de piedrecillas en la escayola del techo y por el hueco de las luces vi un resplandor y después algunas llamas". Según su versión, se dirigió al guardarropas para llamar por teléfono a los bomberos pero "el aparato se tragaba los duros". Se dirigió entonces a la puerta de emergencia para abrirla. "Vi que el techo se abombaba, corrí a la puerta, la abrí y nada más salir se desplomó todo el techo". El encargado admitió que no dio ninguna voz de alarma. Durante todo su testimonio se autoexcluyó de cualquier control sobre las instalaciones.
Al término de su declaración, los familiares de los fallecidos comentaban con indignación que los empleados de la discoteca -a excepeción de una mujer fallecida- se las habían arreglado para ponerse a salvo. El fiscal pide para Francisco Lacruz siete meses de prisión por delito de imprudencia temeraria y las acusaciones cinco años de cárcel por imprudencia temeraria y omisión del deber de socorro.
Fernando Merino, empleado de la empresa que instaló la calefacción, aseguró que la discoteca no, tenía contrato de mantenimiento con su empresa y que se limitaban a hacer las reparaciones necesarias cuando les daban aviso. El fiscal pide para Merino siete meses de prisión, pena que la acusación eleva a seis años de cárcel por imprudencia temeraria profesional.