La odisea del perjudicado
Un juzgado de Valencia introduce por primera vez en España un equipo de ayuda a las víctimas del delito
Humanizar la justicia, proporcionar la asistencia necesaria y la información sobre el procedimiento judicial y los derechos del perjudicado han sido los objetivos de la experiencia.protagonizada por un juzgado de instrucción de Valencia y la Oficina de Ayuda a las Víctimas del Delito. Por primera vez en la historia Judicial española, un departamento administrativo ha compartido, desde las dependencias del propio juzgado, la asistencia a los denunciantes, que en un 98% calificaron de "muy positiva" la asistencia que se les prestó.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia y la Ofici...
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Humanizar la justicia, proporcionar la asistencia necesaria y la información sobre el procedimiento judicial y los derechos del perjudicado han sido los objetivos de la experiencia.protagonizada por un juzgado de instrucción de Valencia y la Oficina de Ayuda a las Víctimas del Delito. Por primera vez en la historia Judicial española, un departamento administrativo ha compartido, desde las dependencias del propio juzgado, la asistencia a los denunciantes, que en un 98% calificaron de "muy positiva" la asistencia que se les prestó.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia y la Oficina de Ayuda a las Víctimas del Delito de Valencia, dependiente de la Generalitat valenciana y primera en su género de España, iniciaron su colaboración el pasado mes de enero.Durante seis meses y cada 19 días, en que el juzgado entraba de guardia, el ciudadano víctima de un delito era recibido, antes de presentar la denuncia, por uno de los abogados, asistentes sociales o criminólogos de la oficina, que le asesoraba sobre sus derechos. En el caso de delitos con violencia, los profesionales de la oficina trataban, además, de "restablecer el equilibrio psicológico" de la víctima.
El magistrado Luis Francisco de Jorge, titular del juzgado; la directora de la Oficina, Fely González Vidosa, y el profesor de Psicología Criminal Vicente Garrido han elaborado una memoria sobre esta experiencia, que en la actualidad está siendo estudiada por el Consejo General del Poder Judicial como modelo de actuación.
De las encuestas realizadas entre las víctimas atendidas se desprende que en un 50% de los casos, en su mayoría delitos de naturaleza violenta, existía una relación más o menos directa entre víctima y autor. Este nexo se daba especialmente en los delitos de lesiones y amenazas. En un 32% había relación conyugal y en un 4% de otro tipo de parentesco.
Respecto a los motivos de presentar la denuncia, un 44% señaló hacerlo para "protección de la persona o de los bienes" y un 22% lo hizo con la intención de "recuperar sus pertenencias".
Por otra parte, el 94% de los entrevistados calificó de "muy positiva" la presencia del servicio de ayuda en. el juzgado y un 90% manifestó haberse sentido "mucho" o "bastante mejor" después de ser atendidos.
Otro dato singular es que el 32% de las víctimas informaron haber sido objeto de otros delitos durante el último año, lo que implica que una tercera parte de las personas; asistidas eran "víctimas múltiples".
Asesoramiento legal
La mayoría de los encuestados señaló que su auténtica necesidad había sido la del asesoramiento legal. La demanda de asistencia social y las necesidades de tipo económico como resultado del delito fueron destacadas en menor medida.
El magistrado Luis Francisco de Jorge, de 32 años y perteneciente a la corriente Jueces Para la Democracia, elabora en la actualidad una propuesta de convenio con la Generalitat valenciana para generalizar este tipo de experiencias.
De Jorge señaló a este periódico las limitaciones del funcionamiento de algunos juzgados en funciones de guardia que, según él, "se limitan a actuar como un libro de registro". En la memoria elaborada por los profesionales que han protagonizado esta experiencia se subraya que el "movimiento de víctimas en toda Europa ya no pone el acento en la reflexión, sino en la acción".
En la actualidad sólo funcionan oficinas de ayuda a las víctimas del delito en la Comunidad Valenciana, en Barcelona y en Palma de Mallorca, todas ellas dependientes de sus administraciones autónomas.