IU afirma que el 90% de las cooperativas con parcelas del Plan 18.000 ya pueden edificar
El portavoz municipal de Izquierda Unida, Francisco Herrera, desmintió ayer unas afirmaciones del concejal de Obras, Enrique Villoria, que aseguró que ninguna promotora del Plan 18.000 está en condiciones de empezar a construir viviendas porque no cumplen lo establecido por el Ayuritarmento. IU, que está en la comisión de seguimiento de este plan, asegura que el 90% de las cooperativas que recibieron sus parcelas en mayo tienen su docurnentación en regla.El concejal de Obras dijo que, a la vista de los defectos observados en las listas de adjudicatarios, proyectos de obras o planes de financia...
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El portavoz municipal de Izquierda Unida, Francisco Herrera, desmintió ayer unas afirmaciones del concejal de Obras, Enrique Villoria, que aseguró que ninguna promotora del Plan 18.000 está en condiciones de empezar a construir viviendas porque no cumplen lo establecido por el Ayuritarmento. IU, que está en la comisión de seguimiento de este plan, asegura que el 90% de las cooperativas que recibieron sus parcelas en mayo tienen su docurnentación en regla.El concejal de Obras dijo que, a la vista de los defectos observados en las listas de adjudicatarios, proyectos de obras o planes de financiación entregados, el Ayuntamiento se mostraba muy pesimista (véase EL PAÍS del pasado día 13). Villoria anunció incluso que pensaba prorrogar el plazo fijado para que los cooperativistas entregaran la documentación.
Francisco Herrera precisó ayer que el 90% de las cooperativas de viviendas adjudicatarias del primer bloque de 60 parcelas del Plan 18.000 han presentado ya la documentación exigida. Herrera no se explica las afirmaciones del concejal ni de dónde ha sacado los datos que le llevan a pronunciarse de esa manera, "porque la comisión de control y seguimiento del Plan 18.000 no se ha reunido desde el pasado mes de abril".
Francisco Herrera acusó al alcalde y a Enrique Villoria de no querer convocar los órganos de gestión de este plan y de intentar, con esta medida, "desacreditar el movimiento cooperativo" para justificar que sea la iniciativa privada la que se haga cargo del Plan 22.000.