Aznar no tendrá que declarar en el juicio contra el alcalde de Burgos por licencias irregulares
El presidente nacional del Partido Popular, José María Aznar, no declarará en el caso de la construcción de Burgos. Así lo decidió ayer el tribunal en la primera sesión de la vista oral contra el alcalde de la ciudad, José María Peña, del PP, y otras 11 personas. Los jueces deberán decidir sobre las acusaciones de prevaricación, estafa y falsedad de documentos, delitos encaminados a favorecer presuntamente al constructor Antonio Miguel Méndez Pozo. Favores que, según la acusación, supusieron unos 2.000 millones de pesetas de beneficios para el empresario.
Los acusadores del alcalde -la ...
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El presidente nacional del Partido Popular, José María Aznar, no declarará en el caso de la construcción de Burgos. Así lo decidió ayer el tribunal en la primera sesión de la vista oral contra el alcalde de la ciudad, José María Peña, del PP, y otras 11 personas. Los jueces deberán decidir sobre las acusaciones de prevaricación, estafa y falsedad de documentos, delitos encaminados a favorecer presuntamente al constructor Antonio Miguel Méndez Pozo. Favores que, según la acusación, supusieron unos 2.000 millones de pesetas de beneficios para el empresario.
Los acusadores del alcalde -la Federación de Empresarios de la Construcción de Burgos, CNT, CC OO varias asociaciones de vecinos- no han conseguido su primer deseo. El tribunal decidió rechazar la petición del abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, que encabeza la parte acusadora, para que declararan el presidente del PP, José María Aznar, el periodista Graciano Palomo y el político popular Vicente Mateos.Los acusadores querían preguntar a Aznar sobre su amistad con uno de los principales procesados, el constructor Antonio Miguel Méndez Pozo, de quien el periodista Palomo ha escrito que su inmobiliaria colaboró para el apoyo financiero al alcalde. El empresario también realizó gestiones para mediar entre la dividida derecha burgalesa y promovió encuentros a los que asistió José María Aznar.
La acusación sostiene que desde el Ayuntamiento se benefició irregularmente a Méndez con licencias en contra de la normativa y grandes aprovechamientos de sus solares, entre otras cosas. El fiscal ha destacado los lazos de amistad entre los acusados, que supuestamente favorecieron a Méndez a mediados de los años ochenta sin detenerse en obstáculos legales. La defensa, que pide la libre absolución, mantiene que el caso denunciado por los constructores burgaleses en febrero de 1988 está politizado.
Asistencia diaria
El tribunal no admitió la petición de los acusadores para que declarara Aznar, pero tampoco la de la defensa, encabezada por José María Stampa Braun y Gonzalo Rodríguez Mourullo, para que se realizara el juicio sin la presencia de los acusados en la sala.Así pues, el alcalde Peña y los otros 11 encausados deberán acudir cada día, durante cerca de dos meses, al Palacio de Justicia. Siete, entre ellos Peña y Méndez, se sientan en el banquillo; cinco, por ser licenciados en Derecho, lo hacen en el estrado de la defensa y revestidos de toga. No se descarta que todos ellos se nieguen a responder a las preguntas de la acusación popular.
El tribunal ha admitido a la defensa la presentación de pruebas tendentes a demostrar que Méndez Pozo no sólo no obtuvo beneficios irregulares por 2.000 millones de pesetas -tal como han establecido los informes del Colegio de Arquitectos sino que durante el mandato de Peña ha resultado perjudicado en esa cantidad de dinero. En el primer día de la vista oral, el tribunal también aceptó cuatro nuevos testimonios de técnicos, pedidos por el fiscal especial. En la sesión de hoy está previsto que comiencen las declaraciones de los acusados.
El fiscal especial del caso, José Antonio Sánchez, pide para el alcalde Peña siete años de prisión mayor por falsedad de documento público, dos de prisión menor por estafa y 10 de inhabilitación especial por prevaricación (dictar una resolución injusta a sab.iendas). Para Méndez Pozo solicita ocho años de prisión menor por falsedad, 10 de inhabilitación especial por prevaricación y tres de prisión menor por estafa.
Entre los acusados figuran también dos tenientes de alcalde, Manuel Muñoz Guillén y José María Codón Herrera ya fuera del Ayuntamiento-, y el concejal Víctor Martínez Llorente. A ellos se suman el secretario del Ayuntamiento, Esteban Corral; el funcionario municipal Cristóbal Serrano, el registrador de la propiedad José María Méndez Castrillón, el arquitecto Juan Manzanares, el delegado de la Junta de Castilla y León José Carracedo, el notario José María Martín Álvarez y el propietario de terrenos Antonio Moliner del Cerro.