Editorial:

Olor de amonal

QUE UNA obra pública tan importante como la autovía que unirá Pamplona y San Sebastián vaya a construirse sin la interferencia de las bombas sería una buena noticia. Pero el diputado general de Guipúzcoa, Eli Galdos, se precipitó al anunciarla el viernes, porque ni siquiera eso parece haber conseguido tras una negociación dificil de explicar con una coordinadora que para la mayoría de los vascos no es sino una tapadera más de los sumideros etarras. El Partido Nacionalista Vasco, al que pertenece Galdos, se ha quedado solo, y ni siquiera tiene los votos necesarios para sacar adelante en las Jun...

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QUE UNA obra pública tan importante como la autovía que unirá Pamplona y San Sebastián vaya a construirse sin la interferencia de las bombas sería una buena noticia. Pero el diputado general de Guipúzcoa, Eli Galdos, se precipitó al anunciarla el viernes, porque ni siquiera eso parece haber conseguido tras una negociación dificil de explicar con una coordinadora que para la mayoría de los vascos no es sino una tapadera más de los sumideros etarras. El Partido Nacionalista Vasco, al que pertenece Galdos, se ha quedado solo, y ni siquiera tiene los votos necesarios para sacar adelante en las Juntas Generales de Guipúzcoa el nuevo trazado de la autovía.A la espera de una más exacta información de cuanto ha sucedido en las dos entrevistas entre Galdos y el portavoz de la coordinadora Lurraldea, tienen plena justificación las reacciones de perplejidad y rechazo suscitadas en buena parte del entorno político y social del País Vasco y el temor de que pueda haberse producido una cesión injustificable ante quienes no ostentan otro mérito que su más que ambigua relación de vasallaje con los terroristas. El artífice de la operación la ha justificado con el argumento de que el político tiene el deber insoslayable de explorar todas las vías de arreglo en cualquier conflicto. Le faltó añadir: siempre que tal exploración no ponga en peligro -como ocurre en este caso- el consenso democrático penosamente logrado frente a la amenaza terrorista.

El acuerdo alcanzado el viernes apesta a amonal. Galdos tendrá que explicar que no es así para que no se cumpla el severo diagnóstico de Garaikoetxea de que esto es "el asesinato del pacto de Ajuria Enea". El problema se agrava aún más por cuanto el patrocinador del acuerdo es el primer partido del País Vasco, que encabeza el Gobierno de Vitoria y las tres diputaciones.

El nuevo trazado ya fue estudiado en su día y desechado por razones técnicas, de coste y -lo que es más importante, dada la máscara ecologista que se le ha puesto al conflicto- por su mayor impacto medioambiental. La declaración de Galdos en el sentido de que las dificultades técnicas que planteaba la construcción de un túnel de 900 metros de longitud fueron determinantes para el rechazo inicial son un insulto a. ingenieros y constructores. Tampoco le será fácil al PNV explicar cómo al tiempo que el lehendakari Ardanza garantizaba que no se modifícaría el itinerario. otro dirigente penetivista se comprometía a modificarlo con una coordinadora cuyo papel sólo alcanza sentido dentro de la estrategia de ETA.

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La solución negociada del problema de la autovía ya se ha producido en el marco de las instituciones, que han debatido en decenas de sesiones las distintas variantes del proyecto y la mejor forma de hacerlo compatible con el mínimo impacto maedioambiental. Hablar ahora de la necesidad del diálogo, tras ocho años de incesantes debates en las instancias concernidas -singularmente las Juntas Generales, donde HB se niega a ocupar los escaños que le concede el voto popular-, son ganas de confundir. El propósito de la Diputación de Guipúzcoa de alejar a ETA del conflicto sólo podría adquirir legitimidad en el marco del pacto de Ajuria Enea, el foro que se han dado todos los partidos vascos en su intento por combatir el terrorismo.

El PNV ha terminado por facilitar a la organización terrorista una retirada honrosa en una batalla que tenía perdida políticamente. Herri Batasuna ya se ha apresurado a apuntar la virtualidad de este pacto como un ensayo general de lo que puede dar de sí una negociación seria con el Estado. Pero lo ocurrido, desde que se estampó el certificado de defunción sobre la central nuclear de Lemóniz ha demostrado con creces que, lejos de saciarse con aquella victoria parcial, ETA se limitó a cambiar su punto de mira. No hay ninguna razón que invite ahora al optimismo.

La iniciativa de Galdos puede suponer un grave retroceso en la estrategia común y solidaria de todas las fuerzas políticas vascas frente a ETA. Es probable que, llegado el momento, el punto final de ETA y de su siniestra historia merezcan un esfuerzo y sacrificio colectivos para ayudar a cerrar todas las heridas. Pero resulta inaceptable la estrategia de facilitar una salida honrosa de ETA del conflicto de la autovía si ello implica que pueda reconstruir mejor el comando Cataluña, sabotear con mayor capacidad el tráfico ferroviario, enviar más paquetes bomba a las prisiones o disponer de mayores medios para preparar atentados contra las fuerzas de seguridad. En suma, si ello implica debilitar la ética civil básica que exige entender el terrorismo de ETA como una amenaza común e indivisible que afecta a toda la sociedad.

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