España, entre dos comunidades

La reunión de jefes de Estado latinoamericanos, en la que participó España al más alto nivel, adquiere su real sentido en la medida en que se sitúa en una perspectiva de futuro, más que en el análisis del pasado, y en el marco de las relaciones euro-latinoamericanas, con vistas a dar respuesta a las nuevas realidades que emergen aceleradamente en el concierto internacional. Para España, éste es un reto de largo aliento ante el cual, si estructura una respuesta imaginativa, audaz y pragmática, puede llegar a situarse en una posición de privilegio entre dos realidades, con claros beneficios polí...

La reunión de jefes de Estado latinoamericanos, en la que participó España al más alto nivel, adquiere su real sentido en la medida en que se sitúa en una perspectiva de futuro, más que en el análisis del pasado, y en el marco de las relaciones euro-latinoamericanas, con vistas a dar respuesta a las nuevas realidades que emergen aceleradamente en el concierto internacional. Para España, éste es un reto de largo aliento ante el cual, si estructura una respuesta imaginativa, audaz y pragmática, puede llegar a situarse en una posición de privilegio entre dos realidades, con claros beneficios políticos, económicos y comerciales.Al negociar el Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea, suscrito el 12 de junio de 1985, España pidió que se estableciera en el mismo una especial referencia a las relaciones con América Latina, lo que se plasmó en una declaración común de intenciones y en una declaración particular de España, anejas al tratado. En ellas se manifiesta básicamente la voluntad de la CE de "extender y de reforzar sus relaciones económicas, comerciales y de cooperación con estos países", buscando los mecanismos idóneos que permitan acrecentar los intercambios y examinar todas las posibilidades para contribuir al desarrollo económico y social y a la integración regional.

El ingreso en la CE marcaba para España el comienzo de un reto histórico y representaba su incorporación a un proceso de construcción europea en marcha, el que ha contribuido a impulsar vigorosamente, que desembocará, a pesar de ciertos retrasos o disidencias, en la unión política, económica y monetaria de una Europa que en el mediano plazo ya no será sólo la de los Doce actuales, sino que se verá ampliada a países de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y otros como Turquía, Malta o Chipre. El mercado único de 1993, más el acercamiento vertiginoso de los países del Este a la Europa occidental, la unificación alemana, el espacio económico común con la EFTA, la definición de un pilar europeo de defensa en la OTAN, el fortalecimiento de la UEO, etcétera, configuran para sus protagonistas un repertorio de desafíos a la imaginación, la inteligencia y la dedicación de tal envergadura, más su equivalente en recursos financieros, que comprensiblemente pueden condicionar por completo las variables de la política exterior y de cooperación españolas. En especial, sus relaciones latinoamericanas, por las que muestra particular vocación, consagrada incluso constitucionalmente.

Hasta el momento, España parece haber conciliado más o menos felizmente su pertenencia a dos comunidades. Son innegables los esfuerzos en este sentido, que los latinoamericanos reconocen y estimulan. Desde el momento de la adhesión hasta la fecha, las relaciones CE-América Latina han tenido un desarrollo importante, lo que, si bien no puede atribuirse en exclusiva a la acción española, sí es el resultado de una persistente presión de España tanto en el Consejo como en el Parlamento y la Comisión. El Consejo de La Haya de junio de 1986, tan sólo seis meses después del ingreso, acuerda que la Comisión presente un documento que desarrolle los objetivos planteados en el tratado de adhesión y encarga a los ministros de Exteriores de los Doce que sigan de cerca el tema e informen periódicamente al Consejo. En los cinco años transcurridos, tanto la Comisión come el Parlamento y el propio Consejo se han ocupado seriamente del tema. El diálogo CE-América Latina se ha intensificado a través de las conferencias interparlamentarias, las conferencias San José de ministros de Exteriores, planes concretos de cooperación en Centroamérica y países andinos y, recientemente, la institucionalización del diálogo con el Grupo de Río, a partir de la reunión, el año pasado en Roma, de los cancilleres de los Doce con los latinoamericanos, seguida de otra recientemente en Luxemburgo. Los fondos destinados a cooperación CE-América Latina fueron prácticamente duplicados por la Comisión para el periodo 1990-1995 (aunque siguen siendo insuficientes, ya que representan sólo el 7% del total que destina la CE al Tercer Mundo), se ha avanzado en ciertos acuerdos comerciales transitorios de tipo preferencia] y se está llevando a cabo una política de convenios de tercera generación, o cooperación avanzada, que incorporan elementos tecnológicos, medio ambiente, formación y promoción comercial. Se ha autorizado a que el BEI, caso por caso, extienda sus acciones a proyectos en Latinoamérica y se apoya la integración de forma decidida contribuyendo a revitalizar la ALADI.

En el terreno bilateral, España inició hace un tiempo una política de acuerdos-programa y acuerdos-marco con prácticamente todos los países latinoamericanos, en una acertada estrategia de mediano plazo por acceder al mercado potencial que representa la región, en especial ciertos países, como Chile, México, Venezuela y Argentina. Se ha comprometido, además, en ciertos programas regionales con vistas al V Centenario -como el de ciencia y tecnología, el Hispasat, educación a distancia, etcétera- de indudables repercusiones.

Pero este crecimiento e intensificación de las relaciones CE-América Latina propugnados por España, valiosos por cierto, tienen un carácter lineal, mientras la actual coyuntura latinoamericana plantea la urgencia de un salto cualitativo en sus relaciones con el mundo desarrollado, por tanto, con Europa. Latinoamérica está empeñada seriamente en un proceso de saneamiento de sus economías, reformas profundas en materia fiscal, reestructuración del Estado, dinamización de su comercio exterior, atracción de inversiones, etcétera, para asegurar su reinserción internacional en el nuevo orden que se perfila. Todo esto arrastrando una deuda externa que consume sus recursos para el desarrollo y en medio de necesidades secularmente insatisfechas. Requiere, por tanto, sumar al esfuerzo interno y a la voluntad política de sus Gobiernos la cooperación de los países industrializados, en especial de Estados Unidos y Europa, en materia de libre comercio, restablecimiento de flujos financieros hacia la región, eliminación del peso de la deuda e incremento significativo de la ayuda al desarrollo. Para este esfuerzo latinoamericano existe ya un marco interamericano: la denominada Iniciativa de las Américas, lanzada por el presidente Bush. No hay, sin embargo, un equivalente de carácter euro-latinoamericano, lo que es extremadamente necesario, ya que Europa es el segundo cliente para la región; más de una cuarta parte de la deuda externa de América Latina es con el Viejo Continente, y el mercado único de 1993 acentuará el carácter de la CE como primera potencia comercial del mundo. En consecuencia, una adecuada articulación de relaciones CE-América Latina en las materias antes mencionadas es imprescindible. Aquí radica, desde nuestro punto de vista, el papel clave que puede desempeñar España en los noventa. En la medida en que establezca, de manera efectiva y no sólo retórica, una interlocución Europa-Latinoamérica, aprovechando su carácter de biconciencia de ambas realidades, para apoyar el proceso de reinserción internacional de América Latina en la línea indicada, estará no sólo ayudando a ésta, sino también sirviendo a sus propios intereses, al reforzar una presencia europea activa en la región que se articule con la Iniciativa de las Américas, con el Mercosur, etcétera, creando un mercado de futuro muy necesario. Es una visión de largo plazo, mutuamente enriquecedora, que para traducirse en hechos requerirá por parte de España una firme y sostenida voluntad política.

Héctor Casanueva es director del Centro de Investigaciones y Promoción Iberoamérica- Europa (CIPIE).