Desacuerdo en la CE sobre la forma que permitirá a los europeos invertir en cualquier país en 1993
Los servicios de inversión mobiliaria estarán liberalizados a partir del 1 de enero de 1993, pero los Doce no se ponen de acuerdo en si la libertad ha de ser total o las operaciones tendrán que hacerse obligatoriamente en bolsa u otros mercados reglamentados, como pide España. La armonización de los impuestos que soporta el transporte por carretera, por otra parte, provoca diferencias similares, pero en este caso el plazo para alcanzar un acuerdo, por mandato de la cumbre de Roma, finaliza el próximo 30 de junio.
A España le provoca especiales problemas la reducción de los peajes de aut...
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Los servicios de inversión mobiliaria estarán liberalizados a partir del 1 de enero de 1993, pero los Doce no se ponen de acuerdo en si la libertad ha de ser total o las operaciones tendrán que hacerse obligatoriamente en bolsa u otros mercados reglamentados, como pide España. La armonización de los impuestos que soporta el transporte por carretera, por otra parte, provoca diferencias similares, pero en este caso el plazo para alcanzar un acuerdo, por mandato de la cumbre de Roma, finaliza el próximo 30 de junio.
A España le provoca especiales problemas la reducción de los peajes de autopistas -los más altos de Europa-, que podría hipotecar la finaciación de estas obras de infraestructura.La directiva de inversión mobillarla es el complemento de la segunda directiva de libre instalación bancaria y un elemento indispensable para la creación del mercado financiero sin barreras de 1993. El Consejo de Economía y Finanzas de la CE no consigue conciliar las posturas encontradas entre los países del norte y del sur de la Comunidad.
Los más liberales, liderados por el Reino Unido y Alemania, defienden que debe permitirse cualquier operación de inversión mobillaria, sin necesidad de canalizarla a través de un mercado reglamentado. Los del sur (Francia, Italia y España) exigen que todas :!as operaciones pasen por una bolsa de valores u otro mecanisrno autorizado para garantizar un control. La división entre los Doce afecta también a la posibilidad de que los bancos puedan invertir directamente en bolsa, lo cual está actualmente prohibido en algún país de la CE, como es el caso de Bélgica.
Lo único que está claro es el objetivo final de la nueva directiva, consistente en permitir a partir de 1993 que cualquier ciudadano o sociedad de la CE pueda colocar su dinero allí donde le plazca, sin trabas fronterizas u obstáculos legales. Como las inversiones generan rendímentos esa libertad provocará un problema de control fiscal de las recaudaciones y ahí surgen las diferencias.
Luxemburgo, en su calidad de presidente de turno de la CE, intenta salvar el foso permitiendo que cada Estado obligue o no a hacer pasar la inversión por bolsa y autorice o no la libre acción inversora de los bancos. En medio, algunos países exigen. períodos de adaptación, claúsulas de revisión y otros obstáculos a ese flujo de capitales que ocasionará ventajas o inconvenientes a cada país, según el caso.
Transporte por carretera
El mismo principio de igualdad de competencia planea sobre la armonización Fiscal del transporte por carretera, que Alemania exige después de que el Tribunal de la CE declarara ilegal la tasa sobre los camiones de otros países comunitarios que utilizan sus autopistas. La cumbre de Roma acordó el pasado 15 de diciembre que los ministros de Finanzas deberían concluir un compromiso antes de finales de junio. Los Doce ensayaron ayer un acuerdo político de principio.
El problema afecta a la tasa de circulación, a los impuestos especiales sobre el gasóleo y los peajes de autopista. En cada país de la CE rigen baremos dispares que en el caso del impuesto sobre el gasóleo van, de uno a cinco. España se sitúa dentro de la banda propuesta por la Comisión Europa de 245 a 270 ecu por cada 1.000 litros (entre 31 y 34,5 pesetas por litro). En nuestro país el impuesto especial es un poco inferior a 32 pesetas porlitro.
Para España, el problema son los peajes de autopista, los más altos de Europa, mientras en Bélgica y otros países son gratuitos. Si se ve obligada a bajarlos en aras de la armonización se verá mermada en una financiación cada vez más necesaria para unas infraestructuras que brillan por su escasez. Los Doce intentan un primer paso de igualación de tasas, pero el objetivo final a más largo plazo es hacer equivalentes todos los costes que los camiones deben pagar para financiar las carrteras que utilizan.
Los otros temas del Consejo (flexibilidad de las normas que obstaculizan las OPA y posíbilidad a las empresas de compensar las pérdidas de las filizales situadas en otro país) ven su aprobación postergada a una maduración que la proximidad del mercado único hace cada vez más acuciante, pero que las diferenelas aplazan continuamente.
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