Uno de los borradores de ley contra el abuso informático exime de facilitar datos 'sensibles'

Los ciudadanos podrán negarse a facilitar a la Administración y a las empresas privadas datos personales considerados como sensibles para archivos informatizados, según uno de los borradores de ley orgánica de protección de datos sobre el que informó ayer el periódico económico Expansión, y que suscitó reservas en la oficina del Defensor del Pueblo por la creación de un comisario protector contra el abuso informático. En el Ministerio para las Relaciones con las Cortes informaron que existen "al menos otros dos borradores más" y que las diferencias entre unos y otros son profundas.

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Los ciudadanos podrán negarse a facilitar a la Administración y a las empresas privadas datos personales considerados como sensibles para archivos informatizados, según uno de los borradores de ley orgánica de protección de datos sobre el que informó ayer el periódico económico Expansión, y que suscitó reservas en la oficina del Defensor del Pueblo por la creación de un comisario protector contra el abuso informático. En el Ministerio para las Relaciones con las Cortes informaron que existen "al menos otros dos borradores más" y que las diferencias entre unos y otros son profundas.

Fuentes de este departamento dieron cuenta de que sobre los borradores existentes se están celebrando reuniones de estudio entre los ministerios para las Relaciones con las Cortes y para. las Administraciones Públicas, Justicia y Exteriores. La participación de este último departamento guarda relación con el propósito de adaptar la futura ley española a la directiva en gestación de la CE sobre esta materia.Preguntadas tales fuentes sobre el borrador conocido, aseguraron que "el texto del que se hace eco Expansión no es el resultante de los diferentes borradores sobre los que trabaja la Administración, sino sólo uno de ellos". Agregaron que entre unos y otros "existen apreciables diferencias, en algunos casos profundas".El borrador divulgado incluye la creación de un comisario especial, designado por el presidente del Gobierno, encargado de velar por la intimidad y el derecho de los ciudadanos frente al abuso de la informática. Fuentes del Defensor del Pueblo mostraron su asombro ante la figura de dicho comisario, que estimaron "absurda", ya que la Constitución atribuye a aquella institución la defensa de los derechos y libertades fundamentales como alto comisionado de las Cortes Generales. En todo caso, aplazaron un pronunciamiento oficial del Defensor del Pueblo hasta confirmar la existencia del texto y analilzarlo en profundidad.

Ideología e intimidad

El texto conocido contiene la prohibición de recoger información sobre convicciones ideológicas o religiosas, afiliación sindical, origen racial y salud física y psíquica, así como vida sexual y hábitos sociales de las personas cuyos daros se archiven, salvo por acuerdo escrito de los interesados.Se prevén sanciones de entre cinco y cien millones de pesetas para las infracciones consideradas muy graves. Entre ellas, se incluye la incorporación a los ficheros informáticos de datos referidos a la intimidad personal no autorizados y la alteración o modificación fraudulenta de los mismos. Asimismo, se considera muy grave, el almacenamiento y elaboración de datos inexactos, así como la falta de actualización, rectificación o cancelación, cuando tales medidas fueran requeridas.La futura ley, una de las asignaturas pendientes del desarrollo constitucional ha sido reivindicada repetidamente por organizaciones jurídicas progresistas. En 1989, el Defensor del Pueblo, Álvaro Gil-Robles, insistió "una vez más en la necesidad de limitar adecuadamente la utilización de la informática".