El sumario del 'fraude del IVA' no se enviará a la Audiencia Nacional

La sección novena de la Audiencia Provincial de Barcelona ha dejado sin efecto el traslado a la Audiencia Nacional de las diligencias abiertas por un juzgado de esta ciudad en relación con el llamado fraude del IVA.

El juez Emili Soler, titular del juzgado de instrucción número 27, resolvió el 20 de noviembre pasado inhibirse del caso y remitir las actuaciones a un juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional. Este juez argumentó como causas de su inhibición que los delitos -falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública- "han producido grave repercus...

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte

La sección novena de la Audiencia Provincial de Barcelona ha dejado sin efecto el traslado a la Audiencia Nacional de las diligencias abiertas por un juzgado de esta ciudad en relación con el llamado fraude del IVA.

El juez Emili Soler, titular del juzgado de instrucción número 27, resolvió el 20 de noviembre pasado inhibirse del caso y remitir las actuaciones a un juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional. Este juez argumentó como causas de su inhibición que los delitos -falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública- "han producido grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y en la economía nacional", "afectan a una generalidad de perjudicados" y "se han perpetrado en el territorio de más de una Audiencia".

El Ministerio Fiscal recurrió esta decisión por entender que, antes, el juez, para tener criterios más claros, debía completar la investigación hasta conocer el alcance del fraude.

La Audiencia ha aceptado el recurso de queja. Resulta evidente, dice el fallo conocido ayer, que no cabe hablar de "perjuicio patrimonial en una generalidad de personas", cuando de delito contra la Hacienda Pública se trata. Tampoco puede argumentarse la gravedad de la repercución en la economía nacional, cuando el propio inspector jefe de la Delegación de Hacienda de Barcelona suscribió un informe señalando que la cuantifícación del perjuicio "depende de complejos factores de tipo fiscal" y hace necesarias las comprobaciones mencionadas.

Archivado En