El Ejecutivo marroquí negocia la paz social con los sindicatos
Las supuestas irregularidades procesales cometidas en los juicios que se están celebrando en Marruecos incrementan la tensión social, afirman los partidos políticos de la oposición. Por su parte, el Gobierno se mueve con celeridad y al tiempo que negocia un pacto social con los sindicatos prepara un paquete de medidas jurídicas tendentes a garantizar la protección de los derechos humanos.
El juicio multitudinario de Rabat contra un número aún no determinado de manifestantes ha tenido que aplazarse para aclarar la complicada situación procesal creada como consecuencia de la aparición...
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Las supuestas irregularidades procesales cometidas en los juicios que se están celebrando en Marruecos incrementan la tensión social, afirman los partidos políticos de la oposición. Por su parte, el Gobierno se mueve con celeridad y al tiempo que negocia un pacto social con los sindicatos prepara un paquete de medidas jurídicas tendentes a garantizar la protección de los derechos humanos.
El juicio multitudinario de Rabat contra un número aún no determinado de manifestantes ha tenido que aplazarse para aclarar la complicada situación procesal creada como consecuencia de la aparición de un acusado que no estaba contabilizado. La situación ha sido calificada por los portavoces de las asociaciones de defensa de los derechos humanos como "vergozosa" y "escandalosa". El incidente se inició en la tarde del miércoles, 26 de diciembre, en la sala de justicia del tribunal de Primera Instancia de Rabat, cuando a uno de los abogados de la defensa se le ocurrió contar el número de procesados que se sentaba en el banquillo y descubrió casualmente que había uno más que en la sesión anterior.
Duro debate
La vista quedó paralizada y se abrió un duro debate con el magistrado, quien reconoció que aquella misma mañana en una sesión de urgencia había decidido acumular la causa de este detenido con la de los otros 34 restantes. La polémica se prolongó durante toda la tarde sin que llegaran a aparecer las actas de la vista de la mañana. El juicio acabó aplazándose.En el juzgado de Beni Mellal, los abogados defensores se retiraron de la sala por la supuesta falta de garantías jurídicas. El magistrado cerró la vista con una sentencia en la que se imponen penas que oscilan entre los dos y los 16 meses de arresto. También ha dictado sentencia el juez de Kenitra, después de que se retiraran los abogados defensores.
En este último juzgado se ha condenado a dos años de prisión a 16 jóvenes y a un año de cárcel a otros 42.
Mientras crece la polémica en torno a los juicios multitudinarios de Marruecos el Gobierno y el Consejo Consultivo de los Derechos Humanos intentan mitigar la crisis social y política con soluciones rápidas.
Por primera vez en la historia de Marruecos, los sindicatos, la patronal y el Gobierno se han sentado a negociar un paquete de mejoras económicas y sociales para hacer frente a la situación presente.
Por su parte, el Consejo Consultivo de los Derechos Humanos, creado a iniciativa del rey Hassan II, ha decidido proponer al Gobierno una serie de reformas judiciales con las que se pretende garantizar los derechos humanos y la defensa.
Tímidas medidas
Sin embargo, según la oposición política, las medidas son aún demasiado tímidas como lo demuestra la propuesta de que los detenidos cuenten con una defensa jurídica desde el momento en que pasen a disposición judicial, pero hace mención al derecho de defensa mientras el ciudadano permanece arrestado por la policía.