España fijará un cupo anual de inmigrantes y exigirá garantías laborales a los extranjeros
El Gobierno ha decidido reformar la normativa sobre inmigración en una doble perspectiva: restricciones en la entrada de extranjeros y garantías para que quienes entren gocen de derechos laborales, sanitarios y educativos. El ministro del Interior, José Luis Corcuera, remitirá el lunes a los portavoces de la oposición parlamentaria un documento con las nuevas medidas, entre las que se incluye la elaboración de un cupo anual de extranjeros, un mayor control en las fronteras con la exigencia de visados a los no europeos y las sanciones a las empresas que efectúen contratos ilegales.
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El Gobierno ha decidido reformar la normativa sobre inmigración en una doble perspectiva: restricciones en la entrada de extranjeros y garantías para que quienes entren gocen de derechos laborales, sanitarios y educativos. El ministro del Interior, José Luis Corcuera, remitirá el lunes a los portavoces de la oposición parlamentaria un documento con las nuevas medidas, entre las que se incluye la elaboración de un cupo anual de extranjeros, un mayor control en las fronteras con la exigencia de visados a los no europeos y las sanciones a las empresas que efectúen contratos ilegales.
El ministro del Interior, José Luis Corcuera, mantuvo el pasado miércoles un primer contacto con dirigentes del Partido Popular (PP), Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Centro Democrático y Social (CDS) para solicitar su colaboración en las nuevas medidas que el Ejecutivo piensa adoptar y para que las fuerzas políticas formen un frente común ante "los atisbos de actitudes racistas y xenófobas que se están dando en España".El ministro del Interior transmitió a los portavoces de la oposición la necesidad de que contribuyan a "preparar a la sociedad española para la inevitable entrada de extranjeros
Un portavoz de la oposición sintetizó así la impresión que había obtenido de la reunión con Corcuera: "El Gobierno quiere cerrar de una manera bastante drástica la puerta a los inmigrantes; reconocer legalmente a quienes ya están en España de forma irregular y asegurar que todos los que vengan puedan ganarse dignamente la vida".
Según estas versiones, el ministro del Interior diferenció entre los ciudadanos procedentes de África y los de los países del Este de Europa, reconociendo que el problema está en los primeros, ya que los segundos mayo mayoritariamente optan por otros países europeos.
A este respecto, un portavoz gubernamental, aseguró que durante estos días se está elaborando desde el Ministerio del Interior un documento con las nuevas medidas a adoptar. El ministro Corcuera remitirá el próximo lunes a todos los portavoces de la oposición este documento, que propiciará un intercambio de opiniones previo a la celebración de un debate público en el Parlamento. Los portavoces gubernamentales aseguran que la nueva filosofía en materia de inmigración es la de restringir la entrada y sólo dar paso libre a aquellos a quienes se les puedan garantizar unas condiciones de vida dignas en los ámbitos laboral, sanitario y educativo.
Sanciones más duras
Así, el Gobierno exigirá visados para los no europeos, se extremará el control en las fronteras -lo que se denomina inpermeabilización- y se establecerá un cupo anual con las personas que España puede admitir. Asimismo, se castigará con sanciones muy duras a las empresas que admitan a trabajadores extranjeros sin reconocimiento de sus derechos. Por último, se regulará la situación de los extranjeros que hoy están en España de forma ilegal.
La masiva presencia de inmigrantes ilegales fue objeto de una interpelación en el Congreso el pasado mes de junio, a cargo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que originó una moción que fue aprobada por toda la Cámara. Esta moción no recogía todos los aspectos que proponía IU-IC, pero en aras del consenso fue aceptada en los siguientes términos: "El Congreso insta al Gobierno a elaborar y remitir a la Cámara antes del 31 de diciembre del presente año un informe sobre la situación de los inmigrantes en España".
En esa fecha el ministro del Interior expresaba en el Congreso su coincidencia con la definición que daba el portavoz de IU, Nicolás Sartorius, sobre el racismo: "Me provoca el sentimiento de mayor repudio que se puede dar. El racismo y la xenofobia es, en definitiva, la insolidaridad en su expresión más grave y seria".
Por su parte, el presidente del Congreso, Félix Pons, en la conmemoración, anteayer, del 12º aniversario de la Constitución, afirmaba: "Habrá que estar muy atentos para que la xcnofobia. el racismo y la insolidaridad no entorpezcan la gran aventura europea".
Casi 300.000 ilegales
El ministro del Interior, José Luis Corcuera, aseguraba el pasado junio que su departamento iba a preparar una serie de medidas para regular la situación de los 260.000 ciudadanos extranjeros residentes en España de forma ilegal, que hoy ya rondan casi los 300.000. Añadía Corcuera que la solución no estaba en abrir de par en par las fronteras españolas: "No creo que la solución sea permitir una oleada de inmigración ilegal, fundamentalmente del Norte de África, que nos coloque en una situación imposible de tener respuesta positiva".Las medidas que ahora elabora el Gobierno tienen que ver con los anuncios efectuados por Corcuera: "Vamos a analizar las múltiples razones por las que los ciudadanos que vivían en situación de ilegalidad antes de la ley de Extranjería no se atrevieron a regularizar su situación; vamos a ver la posibilidad, caso por caso, de una actualización y, por tanto, una modificación de su situación en el país, pero con seguridad ejerceremos un control de la entrada ilegal en España y un control de quien estando prohibida esa entrada, haya podido o pueda intentar vivir ilegalmente en España".
Esta exposición de Corcuera venía a contestar los reproches que había escuchado del portavoz de Izquierda Unida (IU), Nicolás Sartorius, quien empezó por calificar de "fracaso" la ley, de Extranjería, de 1 de julio de 1985. El reglamento de dicha ley se elaboró el 26 de mayo de 1986 y se dieron 10 meses para que quienes se encontraban en situación Ilegal la regularizaran. Sin embargo, de los casi 300.000 Ilegales que se estimaban sólo se dirigieron a las autoridades unos 38.000. Las razones que se apuntan para ese retraimiento son de toda índole, especialmente las burocráticas, aunque otras fuentes esgrimen el temor que embargó a muchos extranjeros al considerar que si se identificaban el resultado sería la inmediata expulsión del país.
Corcuera recordó que la ley de Extranjería obtuvo un consenso general en el Congreso y que tuvo efectos positivos, aunque reconoció el escaso número de personas que se habían inscrito legalmente "por temores" que él no alcanzaba a explicar, pero que atribuyó a la propia "condición humana". El titular del Interior, no obstante, afirmó que "el fracaso de esos procesos de regularización se ha producido en todos los países que han tenido ese problema".
El ministro fue tajante respecto a la impermeabilización de fronteras: "¿Se ejercerán controles en fronteras? Tengan la seguridad de que sí", dijo.
Sartorius insistía en sus tesis: "No quiero afirmar que tenemos la ley de Extranjería que nos merecemos, pero sí afirmo que se empieza maltratando a los inmigrantes y se acaba por no respetar a los nacionales". El portavoz de IU también apuntó su temor a que "se cree una especie de muro de contención en los países limítrofes con el Tercer Mundo, entre ellos España, para beneficio de quienes siempre se han aprovechado de estas situaciones".
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