La Asamblea aplaza hasta la próxima legislatura la ley de capitalidad de Madrid
El Partido Popular en la Asamblea de Madrid no logró ayer que prosperara su proposición de ley para dotar a la capital de una legislación especial que compensara los gastos derivados de la capitalidad, evaluados entre 11.000 y 18.000 millones de pesetas. PSOE, Centro Democrático y Social (CDS) e Izquierda Unida (IU) votaron en contra de la propuesta por entender que no ha existido el consenso necesario entre los grupos políticos y las dos instituciones afectadas, el Ayuntamiento y la Comunidad. La ley de capitalidad, cuyo desarrollo está previsto en el artículo 6º del Estatuto de Autonomí...
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El Partido Popular en la Asamblea de Madrid no logró ayer que prosperara su proposición de ley para dotar a la capital de una legislación especial que compensara los gastos derivados de la capitalidad, evaluados entre 11.000 y 18.000 millones de pesetas. PSOE, Centro Democrático y Social (CDS) e Izquierda Unida (IU) votaron en contra de la propuesta por entender que no ha existido el consenso necesario entre los grupos políticos y las dos instituciones afectadas, el Ayuntamiento y la Comunidad. La ley de capitalidad, cuyo desarrollo está previsto en el artículo 6º del Estatuto de Autonomía, deberá esperar ya a la próxima legislatura.
Alberto Ruiz Gallardón, portavoz del Grupo Popular, afirmó que su propuesta iba a tener todo el consenso necesario. "Se tenía que tramitar en tres cámaras, la Asamblea de Madrid, el Congreso de los Diputados y el Senado. Ahí se podía conseguir e consenso", dijo.
Según Alberto Ruiz Gallardón, la ley de capitalidad es una necesidad y no un privilegio para Madrid. "Los vecinos no deben asumir el coste de ser capital de España. Es una carga que debe repartirse solidariamente entre todos los españoles".
La propuesta del PP pretendía que el Estado y no el Ayuntamiento de Madrid asumiera las exenciones fiscales que tienen los organismos e instituciones públicas con sede en Madrid.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, afirmó que la propuesta popular estaba viciada de origen, ya que carecía del consenso institucional. El CDS afirmó que la propuesta del Partido Popular "es un estatuto de protectorado y no una ley de capitalidad". IU, por su parte, criticó que la propuesta no matizara la descentralización política del Ayuntamiento de la capital.