Defensa acude a los tribunales para evitar el traslado de los cuarteles de Las Palmas

El Ministerio de Defensa ha llevado ante los tribunales al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por considerar que las normas urbanísticas de la ciudad lesionan los intereses de la defensa nacional. La corporación, gobernada por el PSOE e Izquierda Canaria Unida (ICU), pretende que las instalaciones militares, la mayoría de las cuales ocupan terrenos protegidos como reserva natural, sean trasladadas fuera de la ciudad. Las Fuerzas Armadas alegan que carecen de recursos económicos para cambiar de lugar los cuarteles.La quinta sección del Estado Mayor de Capitanía General de Ca...

El Ministerio de Defensa ha llevado ante los tribunales al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por considerar que las normas urbanísticas de la ciudad lesionan los intereses de la defensa nacional. La corporación, gobernada por el PSOE e Izquierda Canaria Unida (ICU), pretende que las instalaciones militares, la mayoría de las cuales ocupan terrenos protegidos como reserva natural, sean trasladadas fuera de la ciudad. Las Fuerzas Armadas alegan que carecen de recursos económicos para cambiar de lugar los cuarteles.La quinta sección del Estado Mayor de Capitanía General de Canarias (CGC) señala en un comunicado que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Las Palmas de Gran Canaria, impugnado por las autoridades militares mediante un contencioso administrativo, está obstaculizando las inversiones para la reforma y mantenimiento de los cuarteles de dicha capital.Carencias y mal estado

Esta circunstancia, según el órgano castrense, es la que ha motivado las "carencias y el mal estado" de las unidades que no ofrecen un "aspecto digno para su uso por los soldados".

Los representantes de ICU fuerza política que apoya en la alcaldía al socialista Emilio Mayoral, sostienen que los militares no pueden continuar más tiempo en La Isleta, una superficie de terreno de siete millones de metros cuadrados que fue declarada parque natural en junio de 1987 por el Gobierno autónomo canario.

En el Plan General se ha calificado este suelo como rústico y protegido. El Estado Mayor de la CGC plantea la imposibilidad de cerrar sus instalaciones de Las Palmas de Gran Canaria, donde se concentran en la gran mayoría de las unidades del Ejército en la isla, por falta de fondos para trasladarlas fuera de la capital, como se ha hecho con los cuarteles en otras comunidades.

Esta ha sido la razón por la que el Ejército no ha podido cumplir el Plan Director de Cantones aprobado en 1983, cuyo desarrollo sí ha hecho posible en otras comunidades autónomas el traslado de los acuartelamientos fuera de los cascos urbanos.