El PP recurre al Tribunal de Cuentas para que juzgue la gestión socialista en la Diputación

El Partido Popular (PP) recurrirá al Tribunal de Cuentas para que se determinen las responsabilidades de los gestores de la extinta Diputación Provincial en las irregularidades económicas ya observadas por dicho tribunal en una auditoría. Dos de los antiguos responsables de la Diputación, el actual secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, y el hoy director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, afirmaron ayer en la Asamblea de Madrid que la auditoría tiene deficiencias.

El PP trasladará al Tribunal de Cuentas la investigación sobre las presuntas irregularidades en ...

El Partido Popular (PP) recurrirá al Tribunal de Cuentas para que se determinen las responsabilidades de los gestores de la extinta Diputación Provincial en las irregularidades económicas ya observadas por dicho tribunal en una auditoría. Dos de los antiguos responsables de la Diputación, el actual secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, y el hoy director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, afirmaron ayer en la Asamblea de Madrid que la auditoría tiene deficiencias.

El PP trasladará al Tribunal de Cuentas la investigación sobre las presuntas irregularidades en las cuentas de la extinta Diputación provincial -institución que fue sustituida por la Comunidad de Madrid-, hasta el momento investigadas en el seno de la comisión de Hacienda de la Asamblea.El diputado popular José López anunció ayer que su grupo presentará ante el Tribunal una demanda de juicio contable para depurar las responsabilidades personales de los antiguos gestores de la Diputación como José Borrell, que fue delegado de Hacienda, y José María Rodríguez Colorado, que presidió la institución regional entre 1980 y 1982.

Borrell y Rodríguez Colorado, que comparecieron ayer ante la comisión de Hacienda de la Asamblea, explicaron que el informe del Tribunal de Cuentas, organismo que auditó la gestión económica de la Diputación desde 1975 a 1983, tiene alguna deficiencia y sólo incluye "reproches formales". "Si el Tribunal de Cuentas hubiera encontrado alguna irregularidad tiene competencias para poner en marcha actuaciones judiciales y si no lo ha hecho es que no ha encontrado nada censurable", afirmó Borrell. Izquierda Unida coincidió en que las irregularidades detectadas por el Tribunal "son formales y sin relevancia".

López resumió los puntos más graves en la existencia de 37.000 millones de pesetas de inversiones sin justificar "porque no aparecen los papeles" y en la adjudicación de contratos a dedo, "sin contar con las tres ofertas preceptivas", dijo.