Víctimas de Hipercor siguen pendientes de la indemnización a los tres años del atentado
Algunas víctimas del atentado terrorista cometido por ETA en los almacenes Hipercor de Barcelona, hoy hace justamente tres años, se hallan todavía pendientes de recibir del Estado unas indemnizaciones económicas que sirvan para resarcirlas de las graves secuelas físicas y psíquicas que aún arrastran, según han denunciado los propios afectados.Una decena de heridos graves en el atentado y cinco familiares de fallecidos presentaron el pasado mes de abril una reclamación administrativa ante el Ministerio del Interior para conseguir del Estado unas indemnizaciones adecuadas. El atentado, perpetrad...
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Algunas víctimas del atentado terrorista cometido por ETA en los almacenes Hipercor de Barcelona, hoy hace justamente tres años, se hallan todavía pendientes de recibir del Estado unas indemnizaciones económicas que sirvan para resarcirlas de las graves secuelas físicas y psíquicas que aún arrastran, según han denunciado los propios afectados.Una decena de heridos graves en el atentado y cinco familiares de fallecidos presentaron el pasado mes de abril una reclamación administrativa ante el Ministerio del Interior para conseguir del Estado unas indemnizaciones adecuadas. El atentado, perpetrado por el comando Barcelona de ETA, se saldó con 21 víctimas mortales y 29 heridos graves. Algunos de éstos sufrieron quemaduras en el 90% de su cuerpo, las cuales les ocasionan todavía serios problemas físicos y psíquicos.
Los afectados reclaman el pago de 30 millones de pesetas de indemnización para el cónyuge del fallecido, 25 millones por la pérdida de un hermano, y entre 10 y 19 millones para los heridos graves. El Ministerio del Interior ofreció a los familiares de las víctimas unos cinco millones de pesetas y a los heridos entre 500.000 pesetas y dos millones.
Según la demanda presentada, el Estado es responsable en parte del daño causado ya que éste "se podía haber evitado o aminorado si hubieran funcionado o lo hubieran hecho con la normalidad exigible los servicios públicos que competen al Estado". Los reclamantes denuncian, a continuación, "la existencia de un anormal funcionamiento del servicio público de seguridad ciudadana", habida cuenta que los almacenes no fueron desalojados pese a que dos llamadas telefónicas anónimas avisaron de la colocación de una bomba en sus dependencias.
El Ministerio del Interior debe dar una respuesta a la reclamación administrativa de los afectados antes del próximo mes de agosto. En caso de que no se llegue a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, las víctimas de Hipercor iniciarán un procedimiento contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.
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