El fiscal ve indicios de prevaricación en torno a Puerto de la Plata
El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Cádiz, Jaime Ollero, considera que hay indicios de delito de prevaricación (dictar una resolución a sabiendas injusta o que se infringe la ley) en la actuación del Ayuntamiento de Barbate (Cádiz) en torno a la tramitación del proyecto urbanístico Puerto de la Plata, que dio origen al caso Juan Guerra.Así lo ha manifestado, al concluir sus investigaciones sobre este asunto, y cuyos resultados serán remitidos mañana al fiscal general del Estado, Leopoldo Torres.
El Ayuntamiento barbateño, gobernado por los socialistas, aceptó el proyecto...
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El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Cádiz, Jaime Ollero, considera que hay indicios de delito de prevaricación (dictar una resolución a sabiendas injusta o que se infringe la ley) en la actuación del Ayuntamiento de Barbate (Cádiz) en torno a la tramitación del proyecto urbanístico Puerto de la Plata, que dio origen al caso Juan Guerra.Así lo ha manifestado, al concluir sus investigaciones sobre este asunto, y cuyos resultados serán remitidos mañana al fiscal general del Estado, Leopoldo Torres.
El Ayuntamiento barbateño, gobernado por los socialistas, aceptó el proyecto tras la mediación del hermano del vicepresidente del Gobierno, cuya intervención en el caso, fue confirmada por el propio alcalde, Serafin Núñez, del PSOE.
Con anterioridad, esta iniciativa, que contempla la construcción de hoteles y unas 2.000 viviendas en la zona costera de Barbate, era rechazada por las autoridades municipales, "por que no se ajustaba a la normativa urbanística vigente en la ciudad", según manifestó entonces Núñez.
Finalmente, en un pleno de la corporación municipal, celebrado el 30 de diciembre, se aprobaba con los votos favorables de PSOE y CDS y la abstención del PP el protocolo del proyecto. En el transcurso de dicho pleno, Núñez revelaba la intervención de Juan Guerra en este caso.
Posteriormente, el 12 de enero, el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Cádiz abrió diligencias informativas con el fin de determinar posibles indicios de delito en la tramitación seguida por el proyecto.
Núñez ha dicho que "estamos con la conciencia tranquila porque creeemos que hemos actuado conforme marca la ley". A juicio del alcalde, "no existe prevaricación alguna por parte del Ayuntamiento, ya que antes de dar el visto bueno al protocolo se requirieron los informes favorables de la secretaría general del Ayuntamiento y de la oficina técnica de Urbanismo".