Hacienda no puede pedir facturas a un particular para investigar una empresa
La Inspección de Hacienda no puede solicitar a un ciudadano facturas de su actividad privada para investigar a una empresa, según una sentencia. El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha anulado parcialmente el requerimiento que la Inspección de Hacienda remitió a un cliente del restaurante OK en el que le solicitaba la entrega de datos sobre un banquete.Otros clientes del local también recibieron el requerimiento. Hacienda pretendía que el citado ciudadano aportara la factura del banquete de su boda o explicase si hubo reportaje fotográfico o de vídeo. La petición de estos extremos h...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
La Inspección de Hacienda no puede solicitar a un ciudadano facturas de su actividad privada para investigar a una empresa, según una sentencia. El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha anulado parcialmente el requerimiento que la Inspección de Hacienda remitió a un cliente del restaurante OK en el que le solicitaba la entrega de datos sobre un banquete.Otros clientes del local también recibieron el requerimiento. Hacienda pretendía que el citado ciudadano aportara la factura del banquete de su boda o explicase si hubo reportaje fotográfico o de vídeo. La petición de estos extremos ha sido anulada por el tribunal.
Sin embargo, los magistrados consideran que Hacienda puede preguntar a los clientes de un restaurante si en un banquete utilizó servilletas de tela o de papel, o cuántos comensales eran niños y cuántos adultos. Esto se explica, según la resolución judicial, por el deber general de los ciudadanos de colaborar con la inspección.
La sentencia se ha hecho pública en plena crisis de la Inspección de Hacienda en Valencia a raíz de las denuncias de irregularidades efectuadas por los empresarios y los propios funcionarios.
Más de 60 subinspectores, por una parte, y la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), por otro lado, han enviado informes a los altos cargos del Ministerio de Economía y Hacienda en Madrid en los que denunciaban la situación.
El alto tribunal valenciano sentencia que existe una obligación general por parte de los ciudadanos de colaborar con la inspección tributaria. Sin embargo, los magistrados consideran que no puede exigirse a un ciudadano que guarde facturas de sus operaciones comerciales privadas. La inspección había amenazado a este ciudadano, como a otros, con multas de 200.000 pesetas por cada dato erróneo que facilitara.
No obstante, la sentencia considera que sí puede preguntarse a los clientes el número de comensales niños o adultos, ya que este dato sirve "para calcular el precio final, dado que los niños tienen una tarifa especial".