El salario social impide el pleno acuerdo entre sindicatos y Gobierno sobre protección

La negativa del Ministerio de Asuntos Sociales a implantar y financiar el salario social ha impedido que la negociación de medidas de protección social finalice con un acuerdo pleno entre Gobierno y sindicatos. El debate del octavo punto de la Propuesta sindical prioritaria se cierra así con medidas que desarrollan el subsidio agrario por tramos de edad y sin que los sindicatos logren fijar unos ingresos mínimos en todo el Estado para los colectivos que carezcan de recursos.El Gobierno y los sindicatos tenían esta madrugada prácticamente cerrado un acuerdo con respecto al subsidio para los tra...

La negativa del Ministerio de Asuntos Sociales a implantar y financiar el salario social ha impedido que la negociación de medidas de protección social finalice con un acuerdo pleno entre Gobierno y sindicatos. El debate del octavo punto de la Propuesta sindical prioritaria se cierra así con medidas que desarrollan el subsidio agrario por tramos de edad y sin que los sindicatos logren fijar unos ingresos mínimos en todo el Estado para los colectivos que carezcan de recursos.El Gobierno y los sindicatos tenían esta madrugada prácticamente cerrado un acuerdo con respecto al subsidio para los trabajadores agrícolas por cuenta ajena de Andalucía y Extremadura, que pasará a ser protección indefinida para los mayores de 52 años hasta la edad de jubilación y que variará según los tramos de edad.

Con el fin de orientar a los jóvenes agricultores hacia otros sectores más favorecidos, el subsidio será menor a cambio de cursos de formación profesional que faciliten el trasvase. En la reunión de ayer, la más larga del actual proceso de concertación, y que había concluido al cierre de esta edición, el ministro de. Trabajo, Manuel. Chaves, y los representantes de UGT y Comisiones Obreras, discutieron la cuantía del subsidio que recibirán los jornaleros según los distintos tramos de edad, punto en el que persistían las discrepancias.

Otro compromiso contempla una inversión de 3.000 millones de pesetas a distribuir entre 26 comarcas deprimidas de Aragón, Canarias, Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y Castilla y León. El destino de esos fondos es paliar los altos índices de paro en el sector agrícola que afectan a tales zonas.

También se ha acordado crear un grupo de trabajo que estudie qué tipo de contrato debe establecerse en el sector agrario para que, evitando los trámites burocráticos, posibilite la eliminación del fraude y la compra ilegal de peonadas, que ahora se produce por parte de falsos jornaleros para cobrar el subsidio.