Las comunicaciones sobre pensiones y drogas dividen a los juristas progresistas
El debate sobre las comunicaciones relacionadas con la situación en las prisiones, la política en materia de drogas y las deficiencias de la ley de extranjería centran la atención de la última jornada del II Congreso de Gentes del Derecho, que se clausura hoy en Valencia. Por encima de las conclusiones oficiales, que probablemente leerá el magistrado Juan Alberto Belloch, el termómetro jurídico del congreso será el tratamiento de unas cuestiones malditas para los organizadores del encuentro.
Mientras que los más de 500 congresistas debatían ayer en sendas comisiones los temas oficiales ...
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El debate sobre las comunicaciones relacionadas con la situación en las prisiones, la política en materia de drogas y las deficiencias de la ley de extranjería centran la atención de la última jornada del II Congreso de Gentes del Derecho, que se clausura hoy en Valencia. Por encima de las conclusiones oficiales, que probablemente leerá el magistrado Juan Alberto Belloch, el termómetro jurídico del congreso será el tratamiento de unas cuestiones malditas para los organizadores del encuentro.
Mientras que los más de 500 congresistas debatían ayer en sendas comisiones los temas oficiales del congreso -reformas procesales y papel social de las profesiones jurídicas- unas decenas de personas se manifestaban ante el Palau de la Música, sede del congreso, con pancartas y gritos de denuncia a la política penitenciaria. "Un nuevo crimen de Estado: el Gobierno deja morir a los presos", era uno de los lemas de los manifestantes, que pedían el reagrupamiento de los "presos políticos" y el cese de las medidas represivas.El complemento jurídico de esta actitud callejera es un documento interno del Ministerio de Justicia, de fecha 23 de enero que circula de forma restringida entre algunos congresistas. Se trata de la respuesta del servicio jurídico del ministerio a una consulta verbal sobre la huelga de hambre de los presos de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) y las resoluciones de los jueces de vigilancia penitenciaria en relación con la misma. El documento de nueve folios, concluye que la legalidad de la alimentación forzada es muy dudosa y que, en todo caso, la competencia en estas materias de los jueces de vigilancia hace imprescindible respetar las decisiones que los mismos adopten en cada momento". [Más información en página 17].
La necesidad de que un congreso convocado por 14 organizaciones de juristas progresista se pronuncie sobre asuntos jurídicos candentes como la huelga de los GRAPO, la liberalización de las drogas, los abusos que se realizan con los extranjeros o el caso Amedo era puesta ayer de manifiesto por representantes de los sectores más críticos. Un signo revelador de la actitud mayoritaria de los organizadores es la exclusión de la Asociación Libre de Abogados (ALA), partidaria de que tales cuestiones fueran centrales en el congreso.
Todos contra Pedrol
La falta de coincidencia sobre otras cuestiones y las suaves críticas a la reforma Múgica fueron compensadas por los congresistas con el acuerdo general sobre el rechazo a la política de la abogacía desplegada por su máximo dirigente, Antonio Pedrol. El predominio de abogados hizo bascular hacia esta profesión las críticas sobre el papel social de las profesiones jurídicas. Era la sombra del congreso de Palma de Mallorca y de la reciente victoria electoral de Pedrol.Los congresistas denunciaron la defensa a ultranza de los privilegios profesionales, la prioridad otorgada a los elevados honorarios y la despreocupación por los problemas sociales demostrada por la mayoría de la abogacía. Entre las alternativas progresistas propuestas figura la libertad de colegiación, la consideración del abogado como un trabajador independiente o autónomo y el derecho a la libertad sindical.
Para aplicar estas propuestas y una nueva organización del turno de oficio, el II Congreso de Gentes del Derecho confía en las reformas legislativas o gubernamentales que se impongan a los colegios. El Ministerio de Justicia figura entre las entidades oficiales que financian el congreso.