Un italiano acusa de prevaricación a siete jueces de Almería
El italiano Mario Garih se ha querellado contra siete jueces y magistrados, a los que acusa de prevaricación [dictar resolución injusta a sabiendas] en relación con su actuación en el conflicto que mantiene con la propietario de un local destinado a restaurante en la localidad de Mojácar (Almería), del que es arrendatario. La Sala Segunda del Tribunal Supremo no ha resuelto sobre la solicitud de celebración de antejuicio contra tales magistrados, previo a la tramitación de la querella, que Garih amplió el pasado 11 de septiembre.
El origen de esta querella fue el contrato de arrenda...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
El italiano Mario Garih se ha querellado contra siete jueces y magistrados, a los que acusa de prevaricación [dictar resolución injusta a sabiendas] en relación con su actuación en el conflicto que mantiene con la propietario de un local destinado a restaurante en la localidad de Mojácar (Almería), del que es arrendatario. La Sala Segunda del Tribunal Supremo no ha resuelto sobre la solicitud de celebración de antejuicio contra tales magistrados, previo a la tramitación de la querella, que Garih amplió el pasado 11 de septiembre.
El origen de esta querella fue el contrato de arrendamiento de un local para la explotación de un restaurante en Mojácar, suscrito en marzo de 1986 por Garih y otros dos italianos con su propietaria, a la que pagaron tres millones de pesetas por el traspaso y 80.000 pesetas mensuales. El querellante asegura que en el contrato se consignó que el establecimiento funcionaba legalmente, pero que poco después de iniciar su explotación, se le advirtió que carecía del permiso municipal de apertura, por lo que, tras intentar sin éxito que se subsanara esa falta, cerró el local y regresó a su domicilio de Madrid.
Según relata Garih en la querella, en octubre de 1986, en su ausencia y a pesar de continuar pagando las mensualidades mientras trataba de encontrar una solución amistosa con los propietarios, se produjo la entrada de la Guardia Civil en el establecimiento, el desahucio del arrendatario y la entrega de varios enseres a la propietaria del local. Denunciados judicialmente los hechos, no obtuvo la tutela deseada, por lo que decidió querellarse, por presunta prevaricación, contra los siete jueces y magistrados que intervinieron en las actuaciones.