El proyecto de 'salario social' prevé pagar 30.000 pesetas a 20.000 familias madrileñas

Elena Vázquez, consejera regional de Integración Social, declaró ayer que su consejería ya tiene redactado un proyecto de ley, que se debatirá en la Asamblea de Madrid tras las elecciones legislativas, por el que se prevé prestar ayudas económicas superiores a las 30.000 pesetas a unas 20.000 familias madrileñas, que en contrapartida deberán firmar un compromiso de formación profesional y laboral. "No queremos que el salario social acabe siendo otro subsidio, sino que sea un incentivo para conseguir la integración social de sus beneficiarios", afirmó Elena Vázquez.

En líneas generales, ...

Elena Vázquez, consejera regional de Integración Social, declaró ayer que su consejería ya tiene redactado un proyecto de ley, que se debatirá en la Asamblea de Madrid tras las elecciones legislativas, por el que se prevé prestar ayudas económicas superiores a las 30.000 pesetas a unas 20.000 familias madrileñas, que en contrapartida deberán firmar un compromiso de formación profesional y laboral. "No queremos que el salario social acabe siendo otro subsidio, sino que sea un incentivo para conseguir la integración social de sus beneficiarios", afirmó Elena Vázquez.

En líneas generales, el proyecto de ley de salario social contempla el pago a unas 20.000 familias de la región madrileña de una cantidad que oscilará entre las 30.000 y las 33.000 pesetas mensuales, más cantidades de unas 5.000 pesetas por hijo. Los beneficiarios se elegirán fundamentalmente entre familias, sea cual sea el número de sus componentes que no gocen ya de la protección estatal. "Hay colectivos, como los pensionistas, los parados con subsidio, que ya disfrutan de ayudas. El salario social se dirige más bien a solucionar o a paliar. la situación económica de casos puntuales, como pueda ser una familia abandonada por el padre, o parados sin subsidio, o parados con subsidio pero que tienen a su cargo un número de hijos tal que la ayuda estatal es completamente insuficiente".Pero lo que distingue al salario social de los restantes subsidios o ayudas económicas, según explicó la consejera de Integración Social, es que los beneficiarios deben comprometerse a realizar actividades educativas, aceptar trabajos o cursar formación profesional. "Éste es un compromiso ineludible, porque no queremos que el salario se convierta en una especie de subsidio más, concedido a fondo perdido, que las familias cobren cada mes y no se preocupen de más". Al contrario, de lo que se trata es de incentivar la integración social, que los beneficiarios se preparen para que, en un tiempo prudente, puedan seguir por sus propios medios". Para Elena Vázquez, el fracaso del programa sería precisamente que los beneficiarios se convirtieran en unos sujetos pasivos que se limitan a cobrar una cantidad mensual.

Por tanto, el programa sólo podrá aplicarse cuando se haya montado una red administrativa que permita controlar el cumplimiento, por parte de las familias, del compromiso adquirido, "siempre dentro de un alto grado de flexibilidad. Habrá familias en las cuales quien pueda comprometerse a cursar una formación profesional no sea el padre, por los motivos que sean. En ese caso, será la madre o alguno de los hijos quienes se responsabilicen". El seguimiento de la efectividad del programa es, sin discusión, la parte más difícíl. Será necesaria la colaboración de Hacienda, del Instituto Nacional de Empleo, de otros organismos e instituciones implicados en actuaciones de generación de empleo, y de los ayuntamientos, puesto que la consejería no quiere montar una red paralela dedicada a controlar el programa.

Debate poselectoral

La consejera confirmó que el proyecto de ley sobre el salario social en Madrid ya está redactado, aunque se presentará en la Asamblea para ser debatido después de las elecciones legislativas.El salario social se concibe en el proyecto de ley, según las aclaraciones de la consejera, como una ayuda complementaria, que no debe estar muy cerca del salario mínimo interprofesional (fijado hoy en torno a las 45.000 pesetas), "para no desincentivar el trabajo". Actualmente se está realizando una encuesta entre 20.000 familias madrileñas, para tener una radiografía de las formas de la pobreza en Madrid y poder dirigir los recursos a los más necesitados.

El debate en la Asamblea, y la consiguiente aprobación o desestimación de la ley, no le quita el sueño al Gobierno regional. Elena Vázquez recordó que el presidente regional, Joaquín Leguina, ha apoyado el proyecto desde su inicio, y no cree que los grupos parlamentarios tengan razones sólidas para oponerse al mismo.

La consejera regresó ayer de un viaje a París, donde ha estado reunida con los expertos franceses de los programas de ayuda a familias y personas sin recursos. La situación en Francia es muy diferente a la española, "porque allí se cuenta con varios programas de cobertura social, según el número de hijos o las características de la familia. En Francia, la mayoría de la gente que se ha acogido al salario social son personas solitarias".