Los funcionarios de prisiones exigen mayor protección contra ETA

El ministro de Justicia, Enrique Múgica, declaró ayer en Granada, en el funeral por Conrada Muñoz, madre del funcionario de prisiones Dionisio Bolívar, que falleció el viernes al abrir un paquete bomba dirigido a su hijo, que el Gobierno mantiene su política de "dispersar a los presos de ETA". Los sindicatos de funcionarios de prisiones condenaron el atentado y acusaron al Gobierno de dejarles indefensos frente a la organización terrorista. Por su parte, concejales de HB del Ayuntamiento de Bilbao recordaron en Sevilla que ETA había advertido que las cárceles y su entorno son objetivo militar....

El ministro de Justicia, Enrique Múgica, declaró ayer en Granada, en el funeral por Conrada Muñoz, madre del funcionario de prisiones Dionisio Bolívar, que falleció el viernes al abrir un paquete bomba dirigido a su hijo, que el Gobierno mantiene su política de "dispersar a los presos de ETA". Los sindicatos de funcionarios de prisiones condenaron el atentado y acusaron al Gobierno de dejarles indefensos frente a la organización terrorista. Por su parte, concejales de HB del Ayuntamiento de Bilbao recordaron en Sevilla que ETA había advertido que las cárceles y su entorno son objetivo militar.

Durarte el funeral y el entierro de la víctima, celebrado en Granada, se produjeron frecuentes escenas de tensión y dolor, salpicadas de insultos contra los ministros. Un hombre llegó a decir a Múgica que el muerto debía haber sido él.Al funeral asistieron también el ministro de Interior, José Luis Corcuera, y otros altos cargos de la Administración. Múgica insistió en que no hay vías abiertas de diálogo con ETA y negó que el atentado tuviera relación con la política de dispersión. Interior está investigando las vías por las que ETA pudo hacerse con la dirección del funcionario. Los sindicatos de funcionarios de prisiones hicieron públicos varios comunicados en los que condenan el atentado y exigen al Gobierno protección para ellos y sus familiares. En las prisiones de Las Palmas, Daroca (Zaragoza) y Nanclares de Oca (Alava) se han iniciado encierros de funcionarios, y en otras muchas se celebraron asambleas para analizar la ofensiva terrorista. El Ministerio de Justicia ha convocado una reunión con los sindicatos el próximo miércoles, para debatir sus peticiones y la situación creada por el atentado del viernes.

Tres concejales de Herri Batasuna en el Ayuntamiento de Bilbao declararon ayer en Sevilla, adonde viajaron para visitar a presos de ETA, que no había certeza de que el paquete bomba de Granada hubiera sido enviado por la organización terrorista. Páginas 11 y 12