Unanimidad del Congreso para tramitar la cláusula de conciencia

El Congreso de los Diputados acordó ayer por unanimidad iniciar la tramitación de una proposición de ley de Izquierda Unida QU) por la que se regulará la cláusula de conciencia para los periodistas y de otra proposición de ley de] Grupo So cialista para delimitar las incompatibilidades de diputados, senadores, altos cargos y miembros de las corporaciones locales. El PSOE rechazó, en solitario, la toma en consideración de una propuesta de IU, paralela a la aceptada, para desarrollar el secreto profesional de los informadores.

Ramón Espasa, defensor de las proposiciones de ley de IU, argu...

El Congreso de los Diputados acordó ayer por unanimidad iniciar la tramitación de una proposición de ley de Izquierda Unida QU) por la que se regulará la cláusula de conciencia para los periodistas y de otra proposición de ley de] Grupo So cialista para delimitar las incompatibilidades de diputados, senadores, altos cargos y miembros de las corporaciones locales. El PSOE rechazó, en solitario, la toma en consideración de una propuesta de IU, paralela a la aceptada, para desarrollar el secreto profesional de los informadores.

Ramón Espasa, defensor de las proposiciones de ley de IU, argumentó que "es bueno desarrollar y regular los derechos constitucionales porque no quedan suficientemente garantizados por el mero hecho de figurar en la Constitución". A su juicio, la cláusula de conciencia y el secreto profesional contribuyen a garantizar la autonomía de los periodistas y el pluralismo.El portavoz del PSOE en el debate, Francesc Valls, atribuyó el rechazo a la propuesta de IU sobre el secreto profesional al desacuerdo que, según él, existe sobre esta cuestión entre los juristas y entre los profesionales de la información.

El socialista Pedro Moya subrayó que la proposición de ley sobre incompatibilidades "consolida un sistema preventivo que asegura la independencia" de quienes ejercen esas respon sabilidades institucionales. La iniciativa socialista propone una más concreta definición del registro de intereses, establece la obligación de declarar todo tipo de actividades realizadas por los políticos afectados e incluye entre éstos a los altos cargos.

Asimismo, precisa que la declaración no sólo es obligatoria al comienzo del mandato y cuando se modifiquen algunas de las circunstancias personales sino también al término del ejercicio del cargo.