Los 'etarras' deportados son vigilados por los países anfitriones
La vigilancia de los miembros de ETA deportados en diversos países de América y África es responsabilidad de la policía anfitriona, según expresaron ayer fuentes de Interior. Estas fuentes admitieron, no obstante, que España a través de algún agente destacado en estos países, también mantiene un control sobre los terroristas confinados.La actividad de estos enlaces españoles se limita a controlar que los activistas no abandonen el país elegido para su confinamiento. El Ministerio del Interior español mantiene un coordinador en la región del Caribe para controlar a la colonia etarra en Cuba (se...
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La vigilancia de los miembros de ETA deportados en diversos países de América y África es responsabilidad de la policía anfitriona, según expresaron ayer fuentes de Interior. Estas fuentes admitieron, no obstante, que España a través de algún agente destacado en estos países, también mantiene un control sobre los terroristas confinados.La actividad de estos enlaces españoles se limita a controlar que los activistas no abandonen el país elegido para su confinamiento. El Ministerio del Interior español mantiene un coordinador en la región del Caribe para controlar a la colonia etarra en Cuba (seis terroristas), República Dominicana (siete), Panamá (seis) y Venezuela (seis). Para los terroristas confinados en África existe un policía español permanentemente establecido en Argel que informa al Ministerio del Interior de los movimientos de la cuarentena de terroristas aún confinados en el país magrebí.
El control policial español es menor en el resto de países africanos que acogen a terroristas: Togo (tres), Sao Tomé (uno) y Cabo Verde (tres, en la actualidad). Fuentes de Interior se negaron ayer a valorar la información publicada por este periódico sobre la fuga de seis de los nueve terroristas deportados en Cabo Verde.
Los gastos de alojamiento de los etarras deportados en todos estos países corre a cuenta del erario público español. El Gobierno español envía periódicamente a los ejecutivos de los países donde se acogen a los miembros de ETA, cantidades de dinero para sufragar estos gastos. Son luego los gobiernos anfitriones quienes distribuyen el dinero a los etarras. España mantiene con 8 países acuerdos de acogida de terroristas, a cambio de programas de ayuda económica.
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