La CE cuestiona el sistema español de contratación de carbón
FERNANDO NADAL, La Dirección General de la Competencia de la Comisión de las Comunidades Europeas ha enviado a las empresas eléctricas españolas un cuestionario con catorce preguntas, en el que implícitamente se dejan entrever algunos recelos de la CE con relación al acuerdo suscrito por Unidad Eléctrica, SA (Unesa) y la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión), en representación de las empresas afectas a cada una de dichas organizaciones que compran o venden carbón.
La CE, a través de la Dirección General de la Competencia, hizo llegar en el mes de febrero a ,...
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FERNANDO NADAL, La Dirección General de la Competencia de la Comisión de las Comunidades Europeas ha enviado a las empresas eléctricas españolas un cuestionario con catorce preguntas, en el que implícitamente se dejan entrever algunos recelos de la CE con relación al acuerdo suscrito por Unidad Eléctrica, SA (Unesa) y la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión), en representación de las empresas afectas a cada una de dichas organizaciones que compran o venden carbón.
La CE, a través de la Dirección General de la Competencia, hizo llegar en el mes de febrero a ,las empresas eléctricas y a la Administración española un cuestionario en el que plantea toda una serie de preguntas que pretenden clarificar algunos aspectos concretos del acuerdo marco y de los acuerdos individuales suscritos entre los productores de electricidad y los de carbón.
El citado cuestionario, que ha sido contestado y remitido a la CE hace 15 días, quiere conocer en primer término el porcentaje de empresas que participan en el citado acuerdo, que viene a configurar un nuevo sistema de contratación de carbón termoeléctrico. A ello se responde que el porcentaje es del 11,5%, representando en su conjunto el 88% de la potencia eléctrica total.
La Comunidad deja notar sus recelos con relación al convenio Unesa-Carbunión cuando pregunta si el mismo fue "inspirado o propuesto por las autoridades públicas", a lo que el sector dice que, efectivamente, "el acuerdo fue promovido por la Administración española, a cuya consideración fue sometido el documento final suscrito".
La CE cuestiona asimismo en qué medida la existencia del acuerdo entre los productores de electricidad y los productores de carbón nacional reduce las posibilidades de intercambios de electricidad con otros Estados miembros. -A esta pregunta las compañías eléctricas han contestado que la utilización de fuentes autóctonas de materias primas para el abastecimiento de las centrales existentes en España "influye en las posibilidades de generación de energía eléctrica partiendo de otros combustibles, así como en las posibilidades de importación de energía eléctrica de otros países".
Compras a terceros
Tras interrogar respecto a si las disposiciones del acuerdo marco se aplican indistintamente al carbón español y al carbón producido por otros Estados miembros de la CE, a lo que se responde que sólo afecta a las dos partes firmantes del citado convenio, la Dirección General de la Competencia se interesa por las cantidades de carbón español, de carbón procedente de otros productores de la CE y de carbón procedente de países terceros que han sido compradas por los productores de electricidad en España en 1987 y 1988, así como las cantidades previstas para los años 1989, 1990 y 1991.
Además, Bruselas también quiere saber si el acuerdo marco y los contratos individuales entre las empresas eléctricas y los productores del mineral negro imponen medidas de racionalización a la industria minera del carbón español. "Los contratos individuales entre productores de electricidad y empresas mineras", se afirma, "se apoyan en los planes estratégicos de estas últimas, que deben contener una mejora de la eficiencia empresarial y, de no ser esto posible, deben establecer un plan de disminución de la actividad productiva". Como planteamiento general, se añade, el acuerdo pretende conseguir una reducción de costes en la minería subterránea y una producción en condiciones competitivas.
La única cuestión que queda sin una respuesta precisa es la última que pretende averigar si el Gobierno español "consideré la adopción de otras medidas legislativas o administrativas en el caso de que el acuerdo entre Unesa y Carbunión no hubiese sido concluido".