La acusación pedirá investigar la estancia de un 'gal' en España buscado desde 1986

La acusación popular en el caso de los GAL, que representa el abogado Fernando Salas, pedirá al juez Baltasar Garzón que se investiguen las supuestas responsabilidades de las autoridades del Ministerio del Interior y de jefes policiales y de la Guardia Civil que han permitido que el reclutador de los GAL, Georges Mendaille, detenido el pasado jueves en Gerona, permaneciera en España con su documentación cuando existía contra él una orden de busca y captura internacional desde 1986.

La oficina del portavoz del Ministerio del Interior no respondió a preguntas de este periódico sobre s...

La acusación popular en el caso de los GAL, que representa el abogado Fernando Salas, pedirá al juez Baltasar Garzón que se investiguen las supuestas responsabilidades de las autoridades del Ministerio del Interior y de jefes policiales y de la Guardia Civil que han permitido que el reclutador de los GAL, Georges Mendaille, detenido el pasado jueves en Gerona, permaneciera en España con su documentación cuando existía contra él una orden de busca y captura internacional desde 1986.

La oficina del portavoz del Ministerio del Interior no respondió a preguntas de este periódico sobre si el departamento había abierto alguna investigación para depurar las suspuestas responsabilidades en este caso. Interior respondió hace tiempo a la Audiencia Nacional que el presunto reclutador de los GAL estaba ilocalizable.

Mendailles vivía en la Costa Brava desde hacía más de cinco años, aunque desde hace tres años pesaba sobre él una orden de busca y captura dictada por jueces franceses en relación con dos atentados de los GAL y por asociación de malhechores.

Mendailles vivía en la Costa Brava con su identidad real, había matriculado recientemente un motocicleta con su documentación y disponía de una casa y cuentas corrientes a su nombre.

El supuesto reclutador fue detenido por orden de los jueces de la Audiencia Nacional Carlos Bueren y Baltasar Garzón. El primero como receptor de la orden de busca y captura francesa y el segundo en relación con el sumario que instruye sobre los GAL. Las autoridades francesas dispondrán ahora de un plazo de 40 días para presentar la petición formal de extradición después de que el juez Bueren haya comunicado la detención a la embajada francesa, a Interpol y al Ministerio de Justicia español.