La caña y el pez

EL GOBIERNO vasco se dispone a poner en marcha un llamado salario de la pobreza (30.000 pesetas al mes, más 5.000 por hijo), del que en principio se beneficiarían unas 8.000 familias sin recursos económicos residentes en aquella comunidad. La decisión ha sido acogida con reticencias e incluso con una no disimulada animadversión por parte del Gobierno de la nación y del partido socialista.Los argumentos que se han barajado para cuestionar la instauración de un salario social de carácter público en el País Vasco apelan a la supuesta discriminación que ello supondría respecto de los ciudadanos de...

EL GOBIERNO vasco se dispone a poner en marcha un llamado salario de la pobreza (30.000 pesetas al mes, más 5.000 por hijo), del que en principio se beneficiarían unas 8.000 familias sin recursos económicos residentes en aquella comunidad. La decisión ha sido acogida con reticencias e incluso con una no disimulada animadversión por parte del Gobierno de la nación y del partido socialista.Los argumentos que se han barajado para cuestionar la instauración de un salario social de carácter público en el País Vasco apelan a la supuesta discriminación que ello supondría respecto de los ciudadanos de otras comunidades autónomas, lo cual sería inconstitucional, y en el dispendio que una ayuda de este tipo implicaría si, al mismo tiempo, no se establecen las correspondientes contraprestaciones por parte de quien la recibe. Es lo que de una manera harto expresiva definió la ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández: "Hay que enseñar a pescar y no dar el pez".

La posible insconstitucionalidad de la iniciativa tiene su base en el artículo de la Carta Magna que establece taxativamente que las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas "no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales". Sin embargo, es absolutamente cínico aplicar este precepto constitucional a un subsidio destinado a gentes que viven al borde del hambre y de la miseria y considerarlo como un privilegio social. Más bien parece que la polémica tiene que ver, sobre todo, con el alcance político de la medida y con rivalidades de imagen entre los Gobiernos de Madrid y de Vitoria. Pero el partido socialista forma parte del Gobierno de coalición del País Vasco y, en consecuencia, aparece como corresponsable de una medida que tanto parece irritar a los socialistas del Gobierno central.

El problema de fondo trasciende, sin embargo, las querellas entre partidos y comunidades: la existencia de amplios colectivos de ciudadanos que viven en la pobreza, con compromisos familiares a su cargo, y a los que el sistema económico-social es incapaz de integrar dándoles un empleo que les permita subsistir sin mendigar. Es cierto que la acción social del Estado, para que sea algo más que beneficencia o caridad, debe tender a incorporar al mundo del trabajo a los grupos sociales marginados. Pero sería socialmente macabro argumentar que una ayuda como la aprobada -bien modesta, por lo demás- favorece la pereza laboral de quienes la reciben y, por tanto, contribuye a mantener esas situaciones de marginación. A quienes las padecen hay que enseñarles a pescar pero, al mismo tiempo, hay que darles el pez para que puedan sobrevivir y aprender a manejar la caña. La existencia de estos colectivos ha llevado a varios Gobiernos europeos -con sistemas de cobertura social muchos más avanzados que el nuestro- a idear fórmulas que les garanticen unos ingresos mínimos para su subsistencia. El último ejemplo lo ha dado Francia con la implantación de un salario mínimo de reinserción (SMI) para quienes tengan ingresos inferiores a 40.000 pesetas mensuales, o a 60.000, si se trata de una pareja. Al margen de rivalidades o de querellas doctrinales, el derecho comparado habla claro sobre cuál es el camino que se sigue en Europa.

La delantera tomada por el Gobierno vasco ha puesto al descubierto un serio problema político de descoordin ación, de distintos ritmos o sensibilidades, entre los poderes públicos del Estado en un tema socialmente tan importante como la prestación de ayudas asistenciales. Pero más que oponerse a iniciativas de este tipo lo que procede es establecer un marco legal común, que imposibilite las diferencias excesivas entre los perceptores de estas ayudas según residan en unas comunidades autónomas u otras. Lo demás -la charada de la caña y el pez- no es sino un desabrido ejemplo de humor negro.