Titulación equívoca

En los titulares de las noticia, los lectores encuentran con frecuencia motivo de quejas o protestas ante el ombudsman. De esta cuestión ya hemos tenido que ocuparnos aquí más de una vez. Ojalá ésta sea la última.Juan Souza Peñalosa, presidente de la comunidad de propietarios de Montealegre, en Torrelodones (Madrid), se muestra "sorprendido e indignado" por el título de una información referida a su entidad urbanística (EL PAÍS, 23 de noviembre). Bajo el antetítulo El consejero delegado de la Caja Postal deberá justificar un crédito de 700 millones, se publicó el título siguiente...

En los titulares de las noticia, los lectores encuentran con frecuencia motivo de quejas o protestas ante el ombudsman. De esta cuestión ya hemos tenido que ocuparnos aquí más de una vez. Ojalá ésta sea la última.Juan Souza Peñalosa, presidente de la comunidad de propietarios de Montealegre, en Torrelodones (Madrid), se muestra "sorprendido e indignado" por el título de una información referida a su entidad urbanística (EL PAÍS, 23 de noviembre). Bajo el antetítulo El consejero delegado de la Caja Postal deberá justificar un crédito de 700 millones, se publicó el título siguiente: Vecinos de Torrelodones piden que comparezca Mangada en el Juzgado de San Lorenzo. Este encabezamiento "ha generado una terrible confusión en los lectores, que acaban relacionando al consejero de Política Territorial de la Comunidad de Madrid (Mangada) con los presuntos delitos de fraude fiscal y prevaricación" que ha denunciado Souza.

El presidente de Montealegre señala: "A lo largo del artículo no se produce la aclaración sobre las razones por las que pueda pedirse la comparecencia de don Eduardo Mangada, con lo que queda en el aire su posible relación con estos delitos". Souza agrega: "De todas las diligencias que se solicitan en la denuncia presentada en el Juzgado de San Lorenzo de El Escorial han seleccionado para encabezar el artículo la comparecencia del consejero de Política Territorial". Y aclara lo que no aclara ni el encabezamiento ni el texto de la información- en la denuncia se solicita simplemente que Mangada, como consejero de Política Territorial de la Comunidad, "testifique sobre el derecho de tanteo y retracto de la Comunidad de Madrid sobre los polígonos de Los Peñascales". El asunto, parece evidente, es muy distinto de! que puede desprenderse de la lectura de la desafortunada titulación de la noticia.

La información, en efecto, no se ocupaba para nada de por qué se ha pedido la testificación de Mangada. Antetítulo y cabeza invitaban, por lo pronto, a relacionar un presunto fraude de 700 millones de pesetas con el consejero de Política Territorial; es más, de la lectura del encabezamiento -y hay muchísimas personas que sólo leen los titulares de Ias noticias- podría deducirse que Mangada es el consejero (le la Caja Postal a quien se pide la justificación de un crédito de: 700 millones. En el texto de la noticia no se deshacen estas ambigüedades. El presidente de Montealegre pide que EL PAIS publique una aclaración "que desvincule a don Eduardo Mangada de lo denunciado".

El redactor jefe José María Izquierdo es terminante: nada más lejos de las intenciones del título que hacer creer que Mangada tiene algo que ver con los presuntos delitos de fraude fiscal y prevaricación. Es cierto, dice, que se ha pedido, la comparecencia del consejero de Política Territorial de la Comunidad de Madrid. Que los vecinos recurran a Mangada para que declare en su favor, cuenta Izquierdo, resultaba "un hecho relevante para la información". Y admite: "Es posible que algún lector pudiera sacar la conclusión de que Mangada tenía algo que ver con los delitos". Concluye Izquierdo: "De ser así, es evidente que la titulación de la noticia no era buena por dar lugar a un equívoco que en ningún momento se pretendía".

No, no han resultado buenos aquellos titulares. Tampoco ha resultado acertado para varios lectores el anuncio, en primera página, del acuerdo alcanzado entre el ministro de Educación, Javier Solana, y los sindicatos mayoritarios de la enseñanza (EL PMS, 20 de noviembre). El acuerdo de Solana con los profesores costará 64.000 millones, rezaba aquella cabeza. "Es calamitoso", "deforma la realidad", "incita a encrespar los ánimos de la opinión pública", "daña la imagen del profesorado"... Esto opinan los enseñanzas que han protestado. Consideran que es un menosprecio para el profesorado que se airee el alto coste de su mejora retribuida cuando no se dice cuánto cobran y van a cobrar al mes. Estiman que el título de la noticia valora el acuerdo únicamente en términos monetarios, cuando contiene otros aspectos que se refieren a las condiciones laborales y a la calidad de la enseñanza. Los maestros, manifiestan, han estado desamparados durante muchos años, y ahora, cuando se deciden a acabar con esa situación, sólo sale a relucir ese dato como intentando señalar que cobran mucho para lo poco que hacen.

El subdirector de la edición dominical, Jesús Ceberio, considera que el título en cuestión "intentaba añadir un elemento informativo a la simple noticia de la firma del acuerdo, ya difundida por otros medios". Se pregunta Ceberio: "¿Puede sacarse de su lectura la conclusión de que sibilinamente estábamos calificando de desmesurado el precio del acuerdo?". Ceberio cree que 1o mismo cabría decir en ese caso de CC 00 cuando destacó que la firma del convenio supondría para los profesores unas mejoras globales de 85.000 millones de pesetas".

Sí parece que la lectura del titular, destacado en primera página, puede interpretarse de diferente forma según quien lo lea. Salta a la vista que el acuerdo "costará más de 64.000 millones". Cabría pensar que este dato tan enfatizado relega a segundo término aspectos muy importantes para la enseñanza que se han decidido entre el ministerio y los profesores.

El Libro de estilo del periódico especifica que los titulares sirven para centrar la atención y satisfacer la curiosidad primera del lector, que ha de quedar enterado de lo que ocurre sin necesidad de acudir al resto de la información. Los titulares -sigue mandando el libro- han de ser inequívocos y deben responder fielmente a la información. En las dos titulaciones aquí comentadas, esta norma -de obligado cumplimiento no resulta que se haya aplicado con la precisión que el libro señala. En uno y otro caso sí llamaban la atención, pero el lector no quedaba debidamente enterado de lo que ocurría y, además, han resultado equívocos.

Vuelve el 'general'

La semana pasada, el defensor de los lectores aclaraba a un comunicante que en el artículo En la bocamina, de Juan Benet, éste no había mencionado al general Surgeon, como se publicó, sino al General -con mayúscula Surgeon. Aquel general vuelve a esta columna: Michael J. Walker, desde Murcia., escribe para dejarlo en el sitio que de verdad le corresponde. El jefe de la Oficina para la Salud Pública de Estados Unidos no es el General Surgeon, como se dijo aquí, sino el Surgeon General. Walker, que documenta esta precisión, añade que, en la misma línea, el fiscal del Estado del Reino Unido se llama el Attorney General y no el General Attorney. Está claro que el ombudsman se precipitó en su aclaración: confió en la memoria (mala, por lo que se ve) y no hizo las comprobaciones debidas para poner al general en el exacto lugar que le corresponde en el protocolo gramatical.