Una huelga política

EL PARO general anunciado por las centrales sindicales para forzar un giro social en la política económica del Gobierno no tiene una justificación clara desde el punto de vista económico. La política económica seguida hasta ahora por el Gobierno ha propiciado en los dos últimos años la creación de centenares de miles de puestos de trabajo al tiempo que, al menos, se mantenía el poder adquisitivo de los trabajadores. Las raíces de la protesta hay que encontrarlas en otro terreno.Tal vez la paradoja más evidente de la actual situación resida en el hecho de que la protesta sobreviene en un...

EL PARO general anunciado por las centrales sindicales para forzar un giro social en la política económica del Gobierno no tiene una justificación clara desde el punto de vista económico. La política económica seguida hasta ahora por el Gobierno ha propiciado en los dos últimos años la creación de centenares de miles de puestos de trabajo al tiempo que, al menos, se mantenía el poder adquisitivo de los trabajadores. Las raíces de la protesta hay que encontrarlas en otro terreno.Tal vez la paradoja más evidente de la actual situación resida en el hecho de que la protesta sobreviene en un momento en el que la situación económica ha mejorado sustancialmente tras años de crisis. Pero la paradoja es sólo aparente. En general, los sindicatos se muestran más combativos en momentos de auge económico que en los momentos de crisis, cuando las amenazas para el empleo incitan a la moderación. Precisamente, una de las razones aducidas por Nicolás Redondo ha sido la falta de simetría en el tratamiento de los sindicatos por parte del Gobierno: se compartió la austeridad, pero ahora, cuando llegan los frutos del crecimiento, el Gobierno rehúsa un reparto más equilibrado de la nueva riqueza producida. En cierta medida, esta afirmación complementa los llamamientos del vicepresidente del Gobierno a las empresas en el sentido de que moderen sus beneficios. El dilema radica en cómo se reducen éstos, si por una moderación de los precios que haga beneficiarse de ella a todos los consumidores o por una mayor participación de los trabajadores en los beneficios. La primera resulta, en principio, más acorde con la necesidad de mejorar la competitividad de los productos españoles con vistas al mercado único de 1992.

En cualquier caso, lo que resulta excesivo es organizar una serie de movilizaciones que desemboquen en una huelga general (púdicamente llamada paro general), que perturbará seriamente la marcha del país si obtiene éxito, con objeto de hacer avanzar una serie de reivindicaciones que no han sido claramente definidas. Los Presupuestos Generales para 1989 son, de por sí, suficientemente expansivos, probablemente en exceso, dada la marcha actual de la economía: la escala del IRPF es una de las más duras de Europa, lo cual acentúa el carácter redistribuidor de los mismos. En estas circunstancias cabe preguntarse por el contenido concreto de las reivindicaciones de los sindicatos: el llamado giro social es una categoría que requiere algo más de precisión, especialmente cuando está en juego la paralización del país.

En realidad se trata de un pulso político entre los sindicatos y el Gobierno. El resultado previsible no es que el Gobierno modifique su política económica, pero sí que se produzca una deslegitimación del proyecto socialdemócrata. Esa deslegitimación, de la que no se ve qué beneficio podrían obtener las centrales sindicales, es sin duda lo que explica los halagos dirigidos por sectores de la derecha a los dirigentes de UGT y de CC OO. De ser cierta esta interpretación, nos encontraríamos ante una nueva paradoja: el escaso peso de la oposición política ha creado un vacío hacia el que han sido aspirados los sindicatos, que plantean, de manera indirecta, una confrontación de carácter político con el Gobierno. Se trata de algo que, a tenor de lo sucedido con la concertación social, no parece que obedezca a un planteamiento de última hora, sino más bien a una estrategia planteada desde hace varios meses y que se ha exacerbado a raíz de la presentación del Plan de Empleo Juvenil, que, según las centrales sindicales, hace inestables y abarata los puestos de trabajo. El añadido de protesta contra la inflación no tiene demasiado sentido, especialmente porque va acompañado por la solicitud de un aumento de las retribuciones, que inevitablemente repercutirán sobre los precios.

Más razonable habría sido discutir estos problemas con la tranquilidad que debería haber ocasionado la mejora del empleo y la aceleración del crecimiento económico. Es probable que la tendencia del Ejecutivo a discutir los aspectos técnicos del crecimiento haya oscurecido los aspectos sociales del mismo. Ello no justifica, sin embargo, plantear una confrontación cuyo coste será inevitablemente elevado, sin relación alguna con los resultados que se pretende conseguir.