El ex administrador del Clínico de Barcelona, condenado a 18 meses

José Antonio de Salvador, ex administrador del Hospital Clínico de Barcelona, ha sido condenado a 18 meses de prisión por un delito de apropiación indebida, cometido en 1982, al ingresar en su cuenta corriente intereses complementarios -extratipos-, valorados en 147 millones de pesetas, que generaron los saldos del centro depositados en el Banco Comercial de Cataluña.En la misma sentencia, dictada por la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Provincial se ha condenado al ex interventor del centro sanitario, Enrique Jiménez Jorge, a seis meses de arresto por un delito de receptación d...

José Antonio de Salvador, ex administrador del Hospital Clínico de Barcelona, ha sido condenado a 18 meses de prisión por un delito de apropiación indebida, cometido en 1982, al ingresar en su cuenta corriente intereses complementarios -extratipos-, valorados en 147 millones de pesetas, que generaron los saldos del centro depositados en el Banco Comercial de Cataluña.En la misma sentencia, dictada por la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Provincial se ha condenado al ex interventor del centro sanitario, Enrique Jiménez Jorge, a seis meses de arresto por un delito de receptación de 10 millones. La resolución judicial, que ordena devolver las cantidades supuestamente apropiadas a la entidad, será recurrida ante el Supremo. El fiscal había solicitado para el principal de los imputados una pena de 15 años.

La sentencia decreta también la absolución de Montserrat Robert, esposa del ex gerente, de un supuesto delito de complicidad en la actividad fraudulenta de su marido, por entender que no era "consciente del origen de los ingresos suplementarios", aportados por su esposo a la economía familiar. En opinión de los magistrados la ignorancia del origen de estos ingresos "es normal en una madre de familia numerosa y de profesión sus labores". El fiscal había solicitado para esta acusada la imposición de dos años de prisión.

La resolución judicial absuelve a un cuarto procesado, Santiago Diaz Trías, que dirigía la sucursal del Banco Comercial de Cataluña, donde se ordenaron el pago de los intereses complementarios. Durante el juicio el abogado del Estado imputó a este procesado los delitos de malversación y cohecho, reclamándole una pena de dos años de cárcel.

Este fraude fue descubierto en 1983 por la gerencia del centro sanitario. La investigación provocó la huida a Ecuador del ex responsable de la administración de la entidad, que había desempeñado el cargo durante 23 años. Un año después, el ex administrador y su esposa, regresaron a Barcelona, personándose ante el juez, quien decretó la libertad provisional del matrimonio después de fijarles una fianza.