Jugadores de ventaja

EN ESPAÑA hay 930 controladores aéreos, de los que 130 prestan sus servicios en Cataluña. Durante el verano, los aeropuertos españoles dan servicio a cientos de miles de viajeros cada día: 210.000 tomaron tierra o despegaron del de Palma de Mallorca durante el último fin de semana. Cualquier consideración ulterior sobre la huelga anunciada por los controladores del aeropuerto de Barcelona, con efectos directos en todo el litoral mediterráneo e indirectos en todo el país e incluso en el tráfico continental, debe partir de la desproporción que esas cifras reflejan. Incluso si ninguna sombra de d...

EN ESPAÑA hay 930 controladores aéreos, de los que 130 prestan sus servicios en Cataluña. Durante el verano, los aeropuertos españoles dan servicio a cientos de miles de viajeros cada día: 210.000 tomaron tierra o despegaron del de Palma de Mallorca durante el último fin de semana. Cualquier consideración ulterior sobre la huelga anunciada por los controladores del aeropuerto de Barcelona, con efectos directos en todo el litoral mediterráneo e indirectos en todo el país e incluso en el tráfico continental, debe partir de la desproporción que esas cifras reflejan. Incluso si ninguna sombra de duda existiera sobre lo bien fundado de las reivindicaciones esgrimidas por los huelguistas -lo que dista de ser evidente-, los controladores serían responsables de una injusticia. La de hacer recaer sobre tantas personas ajenas a sus problemas laborales los efectos de su iniciativa.Los huelguistas reivindican diversas mejoras salariales que supondrían, según el director general de Aviación Civil, Manuel Mederos, elevaciones medias de unas 100.000 pesetas mensuales, es decir, de casi un 60%. Los controladores catalanes responden que ellos nunca han cuantificado sus pretensiones, pero ello no contradice necesariamente la cifra anterior. Por otra parte, los controladores venían adelantando cifras muy inferiores, entre 18.000 y 40.000 pesetas mensuales. Pero ahora resulta que esas cantidades se refieren únicamente a una de las reivindicaciones, la de seguir cobrando una gratificación por servicios es,peciales que se pactó cuando los controladores dependían de la administración militar. Las 100.000 pesetas serían el resultado de la cuantificación del conjunto de las reivindicaciones.

El asunto de las gratificaciones, 91 ue ya fue la bandera de la huelga convocada el año pasado por estas fechas, resulta complejo, y la prueba es que existen sobre él sentencias contradictorias de los tribunales. Por ello parece lógico que se vaya a un acuerdo global, con unas subidas pactadas y homogéneas para todos los controladores que engloben esa u otras gratificaciones y resuelvan de una vez un problema enquistado desde 1979. Eso es lo que se intentaba con las negociaciones entre Aviación Civil y la Asociación Confederal Española de Controladores Aéreos (ACECA) previstas para septiembre. Pero resulta incomprensible que se haya esperado un año para iniciar las conversaciones, especi almente a la vista de la postura mantenida por los controladores catalanes, que habían llevado hasta el final su lógica de corporativismo dentro del corporativismo, desvinculándose del sindicato.

Con una negociación satisfactoria para las partes, o al menos en marcha, a los instigadores de esta huelga les hubiera sido más difícil prevalerse de su posición para hacer pasar sus intereses por encima de cualquier consideración de oportunidad y, desde luego, no hubieran podido aprovechar la confusión para recabar paros solidarios en otros aeropuertos. La elección de las fechas añade abuso al abuso: de lo que se trata es de hacer víctima de su iniciativa al mayor número posible de personas, cuya razonable indignación sería la principal arma para presionar a la Administración. Esa actitud de ventajismo no sólo es incompatible con cualquier planteamiento sindical o reivindicativo serio, sino que desacredita cuanto de razonable pudiera haber en las aspiraciones laborales de unos profesionales en cuyas manos descansa la seguridad de millones de seres humanos.

A los efectos inmediatos sobre las personas que se verían perjudicadas por la paralización y el caos de los aeropuertos habría que añadir los inducidos en la industria turística. La Prensa londinense hablaba ayer de más de 300.000 ciudadanos británicos castigados por los controladores españoles, que los estarían forzando a modificar sus planes de vacaciones, aparte de otras incomodidades. Sería ingenuo pensar que esa industria puede permanecer inmune a tales apreciaciones. Nos encontramos, así pues, ante una huelga demagógicamente presentada, confusamente planteada v llamada a afectar gravemente tanto a las personas como a la economía del país.