El obispo de Ciudad Real se solidariza con Anchuras

El obispo prior de Ciudad Real, Rafael Torija de la Fuente, hizo pública ayer una carta pastoral en la que se solidariza con los habitantes de la localidad de Anchuras, tras la decisión del Gobierno de instalar allí un campo de tiro.Torija escribe: "Quiero, ante todo, expresaros, en nombre de la Iglesia diocesana, nuestra cercanía y solidaridad, nuestro apoyo y comunión, para que os sirva de ánimo y estímulo y os haga sentiros acompañados en vuestro sufrimiento colectivo y, en vuestros pacíficos, pero decididos, esfuerzos por hacer aún posible, lo que desgraciadamente parece inevitable".
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El obispo prior de Ciudad Real, Rafael Torija de la Fuente, hizo pública ayer una carta pastoral en la que se solidariza con los habitantes de la localidad de Anchuras, tras la decisión del Gobierno de instalar allí un campo de tiro.Torija escribe: "Quiero, ante todo, expresaros, en nombre de la Iglesia diocesana, nuestra cercanía y solidaridad, nuestro apoyo y comunión, para que os sirva de ánimo y estímulo y os haga sentiros acompañados en vuestro sufrimiento colectivo y, en vuestros pacíficos, pero decididos, esfuerzos por hacer aún posible, lo que desgraciadamente parece inevitable".

Según el obispo el poder sólo se acuerda de las zonas rurales más deprimidas para intereses contrarios a sus necesidades.

Por otra parte, el párroco de Anchuras, Rafael Galán, ha hecho pública, una carta en el diario provincial Lanza, en la que afirma que "un campo de tiro es un campo de muerte".

Galán apela a la historia y dice que ésta perderá en el futuro unas líneas en favor de Anchuras, "un pueblo que habrá sido sacrificado para que las fuerzas de la OTAN se preparen para imponer 'el orden y la ley' en cualquier lugar del mundo donde algún grupo aspire a vivir en paz y en libertad su propia identidad local o nacional en contra de los intereses del imperio".

Asimismo, los propietarios de las cinco grandes fincas donde se instalará el campo de tiro han interpuesto recurso de reposición contra el acuerdo tomado por el Consejo de Ministros.

Los afectados solicitan la anulación del decreto por el que se acordó instalar el polígono de tiro en Anchuras apelando a intereses socio-económicos, ecológicos y de seguridad para las personas.