Petición de un año de cárcel para un ex alcalde castellonense

El ministerio fiscal solicita un año de prisión y 12 meses de inhabilitación especial para el ex alcalde independiente, integrado en las listas de Coalición Popular, de la población castellonense de Jérica Antonio Marco Navarro, procesado por el juzgado de Segorbe por los delitos de prevaricación y desobediencia. La vista oral de este caso se verá el próximo día 16 en la Audiencia Provincial de Castellón.El 14 de marzo de 1985, un grupo de concejales del Ayuntamiento de Jérica (cuatro del Grupo Popular y tres del PSOE) decidieron destituir al entonces alcalde, Luis Ramón Martín Pérez, independ...

El ministerio fiscal solicita un año de prisión y 12 meses de inhabilitación especial para el ex alcalde independiente, integrado en las listas de Coalición Popular, de la población castellonense de Jérica Antonio Marco Navarro, procesado por el juzgado de Segorbe por los delitos de prevaricación y desobediencia. La vista oral de este caso se verá el próximo día 16 en la Audiencia Provincial de Castellón.El 14 de marzo de 1985, un grupo de concejales del Ayuntamiento de Jérica (cuatro del Grupo Popular y tres del PSOE) decidieron destituir al entonces alcalde, Luis Ramón Martín Pérez, independiente, integrado en la candidatura de Coalición Popular, y nombrar en el cargo a Antonio Marco. Esta decisión se debió a presuntas irregularidades administrativas y al estado caótico que presentaban las cuentas municipales, según argumentaron entonces algunos miembros del grupo de concejales que optó por destituirle. Asimismo, estos concejales abrieron expediente al secretario del Ayuntamiento, Fausto José Montoliu, al que suspendieron de empleo y sueldo.

La destitución de Luis Ramón Martín fue declarada no conforme a derecho por la Audiencia Territorial de Valencia, aunque la sentencia no llegó a ejecutarse, pues en las elecciones del 10 de junio de 1986 Ramón Martín fue elegido de nuevo alcalde por mayoría absoluta, en este caso integrado en las listas del PDP. La suspensión en funciones del secretario fue levantada por orden de la Dirección General de Administración Local, pero no fue acatada por el alcalde impuesto por los concejales, quien le impidió volver a su trabajo.