Un tribunal argentino considera al general Suárez Mason responsable de 39 homicidios
El general argentino Carlos Guillermo Suárez Mason fue considerado ayer por la Cámara Federal de Buenos Aires, en primera instancia, como responsable de los 39 homicidios -agravados por alevosía- de los que se le acusa, y ordenó su "prisión preventiva riguroso, además del embargo de sus bienes. La Cámara pidió y logró que el Ministerio de Defensa reintegrara el grado al citado general para que sea juzgado de acuerdo con el Código de Justicia Militar. Sin ese requisito previo no hubiera podido ordenar su prisión preventiva rigurosa.
El caso Suárez Mason ha complicado además la est...
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El general argentino Carlos Guillermo Suárez Mason fue considerado ayer por la Cámara Federal de Buenos Aires, en primera instancia, como responsable de los 39 homicidios -agravados por alevosía- de los que se le acusa, y ordenó su "prisión preventiva riguroso, además del embargo de sus bienes. La Cámara pidió y logró que el Ministerio de Defensa reintegrara el grado al citado general para que sea juzgado de acuerdo con el Código de Justicia Militar. Sin ese requisito previo no hubiera podido ordenar su prisión preventiva rigurosa.
El caso Suárez Mason ha complicado además la estrategia que el Gobierno pactó con los jefes de Estado Mayor de las tres fuerzas armadas, porque el ex comandante del Primer Cuerpo del Ejército de Tierra entre 1976 y 1979 acusó, en sus declaraciones, a la junta militar de la dictadura, ya condenada, y a los subjefes de las zonas en que se dividió el país para organizar la represión durante la llamada guerra sucia contra la subversión.Los abogados defensores de las víctimas reclaman ahora el proceso de aquellos involucrados con grado superior al de coronel que esperaban beneficiarse con la interpretación judicial que el Gobierno hace de la ley de obediencia debida.
Las declaraciones de Suárez Mason, que el pasado lunes llegó a Buenos Aires tras ser concedida su extradición por Estados Unidos, donde había sido detenido, alteran el citado acuerdo de partes, porque en sus declaraciones ante el juez deriva la responsabilidad de la represión hacia arriba -la junta militar- y hacia abajo, al reconocer que él, como jefe de zona, recibía órdenes de la junta que luego transmitía a los subjefes, los que a su vez "decidían" cómo actuar en consecuencia.
Suárez Mason negó haber cometido los 39 crímenes que se le imputan y dijo que no conocía los campos de concentración que funcionaron en su jurisdicción salvo el denominado Olimpo, que, según él, no era un campo clandestino, sino "un centro reservado de detención". Suárez Mason no designé todavía un abogado que asuma su defensa. El designado por la Cámara, Carlos Tavares, renunció el viernes excusándose en la "incompatibilidad" que se producía con su actuación anterior en defensa del general Jorge Videla, al que Suárez Mason hace ahora responsable en sus declaraciones.
Conflicto de poderes
El conflicto de poderes no es sólo entre el Gobierno y el Parlamento, que va a pedir la interpelación de ministros para que aclaren por qué han dado instrucciones a los procuradores, que piden a la Corte Suprema sólo el juicio de los "mayores responsables". También existe una polémica entre los jueces que aplican la ley de obediencia debida y los que cren que es inconstitucional.La Corte Suprema ha aceptado liberar de proceso a la mayoría de los generales que actuaron como jefes de subzona, salvo casos muy especiales. El viernes, por ejemplo, exculpó a todos los acusados que participaron entre 1976 y 1979 en la conducción del Comando de Institutos Militares. Entre ellos, al general José Caridi, actual jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra. De todos los involucrados sólo va a continuar el juicio contra el general Santiago Omar Riveros, que era el jefe de ese comando. Los fallos de la Corte Suprema son inapelables.