Un juez pide procesar al ex jefe superior de Policía de Madrid por la expulsión de argelinos

José María Vázquez Honrubia, juez de Instruccion de Madrid, remitió ayer un auto a la Audiencia Provincial en el que pide el procesamiento del ex jefe superior de policía de Madrid, Antonio Garrido, y del comisario Antonio Sandoval, quien el pasado 13 de noviembre era jefe de la Brigada Regional de Información, por entender que ambos incurrieron en los delitos de detención y deportación ilegales de tres miembros del Movimiento por la Democracia de Argelia.En opinión de Vázquez Honrubia, "existen indicios racionales de criminalidad" en la actuación de ambos mandos policiales por su responsabili...

José María Vázquez Honrubia, juez de Instruccion de Madrid, remitió ayer un auto a la Audiencia Provincial en el que pide el procesamiento del ex jefe superior de policía de Madrid, Antonio Garrido, y del comisario Antonio Sandoval, quien el pasado 13 de noviembre era jefe de la Brigada Regional de Información, por entender que ambos incurrieron en los delitos de detención y deportación ilegales de tres miembros del Movimiento por la Democracia de Argelia.En opinión de Vázquez Honrubia, "existen indicios racionales de criminalidad" en la actuación de ambos mandos policiales por su responsabilidad directa en la detención de los tres argelinos, que habían llegado a España para asistir a una conferencia sobre los derechos humanos en Argelia.

Los dos jefes de policía dependen jerárquicamente del director general, José María Rodríguez Colorado, como hace constar el juez en su auto. En opinión de fuentes judiciales consultadas, también pueden derivarse responsabilidades para Rodríguez Colorado.

Los argelinos fueron detenidos el 13 de noviembre, y al día siguente -fecha en que fue nombrado un nuevo jefe de policía para Madrid- fueron acompañados por policías hasta la escalerilla del avión que los llevó al extranjero. Según las diligencias practicadas, las órdenes contra los argelinos partieron de la Secretaría de Estado para la Seguridad. La Asociación Pro Derechos Humanos interviene en esta causa como acusación particular.