Palestino en Nueva York

George Shultz recibió el sábado, en el Departamento de Estado norteamericano, a dos representantes de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), al mismo tiempo que el ministro de Justicia, Edwin Meese, ordenaba al fiscal federal de Manhattan que cerrara la oficina de la OLP en Nueva York, como observadora en las Naciones Unidas. Estados Unidos se quedó solo, con Israel -que protestó ayer por la entrevista de Shultz-, cuando el pasado miércoles la Asamblea General de la ONU condenó el cierre como violación del derecho internacional.

En un edificio de la calle 65, en el este ...

George Shultz recibió el sábado, en el Departamento de Estado norteamericano, a dos representantes de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), al mismo tiempo que el ministro de Justicia, Edwin Meese, ordenaba al fiscal federal de Manhattan que cerrara la oficina de la OLP en Nueva York, como observadora en las Naciones Unidas. Estados Unidos se quedó solo, con Israel -que protestó ayer por la entrevista de Shultz-, cuando el pasado miércoles la Asamblea General de la ONU condenó el cierre como violación del derecho internacional.

En un edificio de la calle 65, en el este de Manhattan, Zehdi Labib Terzi, representante de la OLP ante la ONU, y cinco funcionarios continúan aguantando ocho días después del plazo fijado por la Administración de Reagan, el 21 de marzo, para cerrar la oficina. No ha llegado la policía para ejecutar la decisión del Congreso, que el pasado diciembre, aprovechando una ley de fondos para el Departamento de Estado, votó el cierre de la núsión.El argumento fue que la OLP es una organización "terrorista" que supone una amenaza para EE UU y no puede beneficiarse de la cortesía de este país hacia los representantes de organizaciones internacionales. La decisión de demócratas y republicanos en el Congreso, unidos en su obsesión antiterrorista, fue firmada, a regañadientes, por Ronald Reagan, como parte de una ley global de apropiaciones.

Shultz, que está tratando de reavivar el proceso de paz en Oriente Próximo y de presentar una posición equidistante menos alineada con Israel, reaccionó furioso, calificando el voto como "la decisión más estúpida del Congreso en los últimos tiempos". Sus esfuerzos por hacer entrar en razón a los congresistas, fuertemente presionados por el lobby judío y convencidos de la maldad intrínseca de la organización que preside Yasir Arafat, fueron inútiles para detener una decisión que sólo puede dañar la imagen de Washington ante los países árabes.

La suerte de la misión de la OLP es ya una batalla legal que se prevé compleja y larga. La Administración, cargada de mala conciencia, quiere evitar una confrontación con los palestinos y ha prometido que no utilizará la fuerza física y no se provocará el espectáculo de Zedhi Labib sacado esposado entre dos agentes del orden de la misión de la OLP.

Shultz ha advertido ya que el cierre de la oficina sólo servirá para "glorificar" la causa de la OLP, convirtiendo a sus representantes en Nueva York en mártires de la intransigencia norteamericana. El fiscal federal neoyorquino Rudolph Giuliani, famoso por su actuación contra la Mafia y contra los delincuentes de cuello blanco de Wall Street, por órdenes de Meese, ha presentado una demanda para forzar a la OLP a que cierre su representación. Los palestinos han acudido, por su parte, a un famoso abogado defensor de causas liberales y muchas veces perdidas, el ex ministro de Justicia Ramsey Clark, para que se oponga en los tribunales a la exigencia de la Administración.

Batalla política

La batalla política ha sido ganada por la OLP después de que, el pasado miércoles, la Asamblea General de las Naciones Unidas condenara, por 148 votos contra dos (EE UU e Israel), el intento de Washington de cerrar la misión de los palestinos. Serán ahora los tribunales quienes decidirán, en un proceso en el que habrá que interpretar leyes internacionales.

En el fondo de este asunto está la creciente falta de respeto de la Administración de Reagan por el derecho internacional. Una actitud ya puesta a prueba en la invasión de Granada, en la guerra contra Nicaragua, en su negativa a aceptar la jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya y en la decisión unilateral de suspender su contribución financiera a la ONU por razones ideológicas.

La cuestión de fondo en este caso es saber si EE UU está violando el derecho intemacional al incumplir las obligaciones derivadas del tratado entre este país y la ONU, de 1947, por el que Washington, como país anfitrión, se comprometió a no interferir en la actuación del organismo internacional.

La Asamblea General ha solicitado a EE UU que cumpla dicho tratado, que estipula un proceso de arbitraje de las disputas de la ONU con el país huésped. "¿Qué orgullo puede tener EE UU en expulsar a sus invitados?", preguntó el otro día Zehdi Labib en el debate de la Asamblea General. "¿Es éste el mensaje que la delegación de Estados Unidos quiere enviar al mundo: que no hay que respetar a las Naciones Unidas, que la ley internacional no debe respetarse?", añadió el representante de la OLP.

Los palestinos defienden su derecho, por el acuerdo de 1947, a tener una representación ante la ONU con una situación de observador oficial. Los congresistas que aprobaron la ley antiterrorista argumentan que los observadores, a diferencia de los miembros de pleno derecho, no están cubiertos por dicho tratado, y que el mismo concede a EE UU un derecho para garantizar su seguridad, que está aplicando en este caso.

La ONU ha solicitado al Tribunal de La Haya un dictamen sobre el caso, y los países árabes están presionando al secretario general, Javier Pérez de Cuéllar, para que sea la ONU y no la OLP quien se enfrente en los tribunales a la demanda norteamericana. No está claro si la acción judicial del Gobierno estadounidense permitirá a Labib y a los funcionarios de su misión seguir residiendo en EE UU.

El representante palestino ha sugerido que quizá pida a la ONU que le acoja en su sede central de la Primera Avenida si la OLP pierde la batalla legal.