El nuevo Plan Estratégico será el primero en referirse a la aportación a la OTAN

La disuasión militar frente a eventuales amenazas contra la seguridad nacional y la contribución a la defensa de Occidente son hoy los dos puntos básicos de la política española de defensa, que se concretará, en el plano operativo, en un nuevo Plan Estratégico Conjunto (PEC). Este plan estará concluido el próximo verano, según afirman fuentes del Ministerio de Defensa. El nuevo PEC permanecerá vigente hasta 1992 -se revisará cada dos años- y será el primero en el que haya referencias concretas y específicas a la contribución militar española a la OTAN.

Estas semanas, los ejércitos están...

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La disuasión militar frente a eventuales amenazas contra la seguridad nacional y la contribución a la defensa de Occidente son hoy los dos puntos básicos de la política española de defensa, que se concretará, en el plano operativo, en un nuevo Plan Estratégico Conjunto (PEC). Este plan estará concluido el próximo verano, según afirman fuentes del Ministerio de Defensa. El nuevo PEC permanecerá vigente hasta 1992 -se revisará cada dos años- y será el primero en el que haya referencias concretas y específicas a la contribución militar española a la OTAN.

Estas semanas, los ejércitos están realizando los objetivos de fuerza, documentos que contienen las necesidades materiales y humanas para hacer frente a las posibles amenazas. Seguidamente, se elaborará el Objetivo de Fuerza Conjunto -global para los tres ejércitos- y, a partir de este documento, se redactará el nuevo PEC, que tendrá en cuenta los objetivos de fuerza de la OTAN. El PEC será aprobado por el Consejo de Ministros y sustituirá al vigente desde 1984.El PEC, documento fundamental de la política de defensa, es secreto y describe las hipotéticas amenazas existentes para España, así como las misiones encomendadas a las Fuerzas Armadas para hacerles frente. Básicamente, esas hipotéticas amenazas globales son la procedente del norte de África y la derivada de un supuesto enfrentamiento entre ambos bloques.

Este tipo de documentos son el desarrollo de la Directiva de Defensa Nacional, informe redactado por el presidente del Gobierno en el que se definen los denominados Grandes Objetivos Estratégicos (GOE). En este caso, Felipe González firmó ese informe en noviembre de 1986, y, según Defensa, recoge básicamente los siguientes objetivos para la política de defensa de España:

"Contribuir al mantenimiento de la paz entre las naciones y a la seguridad y defensa del mundo occidental al que España pertenece, de modo especial en nuestro entorno geoestratégico. Desarrollar una adecuada capacidad de disuasión militar para hacer frente a las amenazas previsibles. Caso de que dicha disuasión no se produzca, estar en condiciones de emplear nuestra capacidad militar en defensa de los intereses nacionales. Desarrollar asimismo un sistema de defensa civil eficaz y capaz de actuar en cualquier situación".

Para concretar estos principios, y dentro del actual Plan General de la Defensa que se inició en julio de 1985, están previstas una serie de acciones y cometidos que realizarán el Gobierno y los ministerios. El anterior plan general tenía 20 acciones u objetivos del Gobierno, y 254 cometidos o actuaciones de los ministerios, mientras el actual tiene 10 acciones y 161 cometidos.

Asesorías de defensa

Paralelamente, y como la política de defensa afecta de hecho a todos los ministerios, el Ejecutivo prevé aprobar en breve un real decreto para crear asesorías de defensa en los distintos departamentos.Dentro del actual ciclo de política de defensa, cada año se revisará el Plan Quinquenal de Fuerzas, que es elaborado por el jefe del Estado Mayor de la Defensa y aprobado por el ministro. Este documento describe los medios con que cuentan las Fuerzas Armadas, las adquisiciones previstas de nuevos materiales, los sistemas de armas que serán modernizados y los que serán dados de baja. Sobre los datos incluidos en el Plan Quinquenal de Fuerzas se facilita a la OTAN la respuesta al denominado cuestionario de defensa, que deben remitir los países miembros al cuartel general de la Alianza.

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