Cataluña y el 'caso Mariscal'

Una vez que el presidente Pujol ha dado solenmemente por zanjado el case Mariscal, quizá podemos analizar lo ocurrido con serenidad, más allá de la ira de la indignación que muchos hemos sentido estos días.Creo sinceramente que lo que acaba de suceder en Cataluña es el episodio político má grave de los últimos años y o más preñado de consecuencia negativas. Hay quien dice que el presidente Pujol y su partid han decidido poner fin a la cair paña porque han temido que se les fuese de las manos, pero y, creo que si han decidido terminarla es porque han conseguido casi todos los resultados que bus...

Una vez que el presidente Pujol ha dado solenmemente por zanjado el case Mariscal, quizá podemos analizar lo ocurrido con serenidad, más allá de la ira de la indignación que muchos hemos sentido estos días.Creo sinceramente que lo que acaba de suceder en Cataluña es el episodio político má grave de los últimos años y o más preñado de consecuencia negativas. Hay quien dice que el presidente Pujol y su partid han decidido poner fin a la cair paña porque han temido que se les fuese de las manos, pero y, creo que si han decidido terminarla es porque han conseguido casi todos los resultados que buscaban.

El primero es, sin duda crear un estado de tensión colectiva y de confusión de la opinión que les reporte buenos dividendos electorales. Cosas como ésta ocurren cada vez quo se avecina una campaña electo ral y siempre hay alguien que por activa o por pasiva ofende , Cataluña y debe ser contunden. temente contestado por los grandes defensores del amenazado pueblo catalán, es decir por el presidente de la Generalitat y su partido. Ya estamm acostumbrados a esto, porque aparece con la regularidad del fenómeno natural.

El segundo objetivo es más serio y peligroso. Se trata de aprovechar todo lo que pueda desestabilizar al Comité Organizador de la Olimpiada de Barcelona porque Convergéncia Democrática de Catalunya no lo controla. Desde que se inició la campaña por la candidatura olímpica de Barcelona, la actitud de Convergéncia y del Gobierno de la Generalitat ha sido de reticencia contenida o explícita, y en todo caso, de pasividad en los asuntos que requieren una mayor y más activa colaboración entre todas las instituciones. En estos meses hemos asistido a un rosario de maniobras, de acusaciones veladas o abiertas y hasta de negativas a asumir las responsabilidades específicas de la mayona que gobierna la Generalitat-, que han culminado, de momento, er esta campaña contra la mascota olímpica. Todo parece indicar que lo que Convergéncia discute no es la Olimpiada, sino su control, y para ello parece dispuesta a lo que sea, llevande la tensión al límite con cualquier pretexto.

Pero lo más grave del caso Mariscal no es esto. Lo más grave es que con este asunto se ha conseguido crear en Cataluña un clima de auténtica histeria y de irracionalidad entre amplios sectores, que quizá sirve a los intereses de la actual mayoría de gobierno de la Generalitat, pero que puede tener consecuencias incalculables para la convivencia cívica y el ejercicio de la libertad de expresión. El asunto adquirió su auténtica dimensión política cuando el propio presidente Pujol dio vía libre a la protesta organizada declarando que Cataluña había sido agredida por las confusas declaraciones de Javier Mariscal y que como país tenía derecho a defenderse. En medio de la marea desatada, Javier Mariscal tuvo que someterse a una humillante entrevista en TV-3 para pedir excusas y publicar un artículo autocrítico en el diario Avui, en el que afirmaba que, pese a su concepción universalista de la cultura, no era anticatalanista. Una vez pasadas estas horcas caudinas, el señor Roca Junyent consideró que la autocrítica era suficiente y el señor Jordi Pujol declaró ante la televisión que 'como presidente de Cataluña" consideraba que las excusas públicas del señor Mariscal eran suficientes y daba el asunto por concluido.

Creo que con esto nos basta para entender la gravedad de lo ocurrido. Pero hay más. En realidad, el asunto Mariscal es el primer episodio o, si se quiere, el ensayo general de una línea de actuación política ya anunciada hace meses por el propio presidente Pujol. En la fiesta anual de Convergéncia Democrática de Catalunya de 1987 hizo una alusión a Galinsoga, que casi todo el mundo relacionó con el reciente nombramiento de un director de diario, insinuando que, al igual que se había hecho en los años sesenta con aquel periodista, su partido estaba en condiciones de echar de Cataluña a quien se propusiera. Galinsoga era, no se olvide, el exponente de una dictadura totalmente hostil a Cataluña y ahora estamos en democracia y tenemos la autonomía. También hay que recordar que cuando Carlos Jiménez Villarejo fue designado fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Barcelona el presidente Pujol declaró que era un nombramiento ofensivo para Cataluña, porque el señor Jiménez Villarejo es uno de los dos fiscales que llevaron el caso de Banca Catalana. Y más recientemente ha expresado igualmente su reticencia ante el nombramiento del señor Somalo como nuevo presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona, porque al parecer no coincide con su orientación política ni es catalán de origen, aunque haya vivido y trabajado en Cataluña durante muchos años. Lo que cuenta no es, pues, el valor profesional de cada uno ni la trayectoria de lucha por las libertades democráticas. Lo que cuenta es la fidelidad estricta al propio presidente Pujol y a su orientación política. Y lo que inicialmente sólo pareció una amenaza ahora se ha convertido en realidad, hasta forzar una autocrítica pública como condición para la absolución solemne.

A partir de ahora queda, pues, claro que para ser considerado catalán no hasta ya con vivir y trabajar en Cataluña, sino que además se requiere manifestar fidelidad al presidente Pujol por activa o por pasiva, es decir, absteniéndose de criticarlo o exponiéndose a la reprobación pública en caso de hacerlo, a menos que se tengan las espaldas muy cubiertas. La definición exacta de lo que es ser catalán queda, pues, en manos del propio presidente Pujol, que puede decidir si una persona es hostil a Cataluña o no y puede otorgarle o negarle el perdón, con las consiguientes consecuencias personales y profesionales.

Uno de los aspectos esenciales del Estado de derecho es que todo ciudadano tiene derecho a pensar y a expresarse libremente. Esta libertad de pensamiento y de expresión tiene un límite, que es el posible perjuicio que pueda causar a otra persona, pero para ello se establecen los mecanismos jurídicos que permiten al posible perjudicado pedir satisfacción ante los tribunales. Lo que está excluido es que alguien pueda convertirse en juez y parte, que alguien pueda exigir a otro que cambie de opinión mediante la coacción física o moral. Ésta es una línea divisoria clara y objetiva y una garantía esencial contra la arbitrariedad. Pues bien, en este caso la línea divisoria se ha borrado, la parte se ha convertido en juez y hemos caído en la pura y simple arbitrariedad. A partir de ahora, ¿quién puede sentirse seguro? ¿Qué profesional de la información, por ejemplo, puede estar seguro de que una crítica suya contra el presidente de la Generalitat o cualquier alto dirigente del Gobierno o del partido mayoritario no va a ser considerada una ofensa contra Cataluña y no le va a exponer a la reprobación y a la autocrítica pública para poder conservar su puesto de trabajo?

Lo peor del caso es que esto haya podido ocurrir en una sociedad pluralista y tolerante como la catalana, que un sector de la opinión catalana haya asistido al desarrollo del caso con pasividad y otro sector haya tenido una actitud beligerante contra Javier Mariscal y el COOB. Éste es el último de los resultados que se querían obtener. Y la explicación del mismo hay que buscarla en el tipo de identidad nacional catalana que el nacionalismo gobernante está forjando, una identidad de pueblo asediado, de pueblo encerrado en sí mismo, siempre pendiente de un enemigo exterior dispuesto a quitarnos lo nuestro, como si nada hubiese cambiado respecto al pasado dictatorial, a pesar de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y de la Generalitat. Para los que la propugnan, esta constante dialéctica del amigo y el adversario exige la defensa a ultranza, la unidad sin fisuras en tomo a los dirigentes del país y lo justifica todo, incluso la limitación del pluralismo político y cultural.

Por eso, lo que está en juego, lo que hay que defender, es la idea misma de una Cataluña plural, diversa y tolerante, a prueba de irracionalidades colectivas y de mesianismos y capaz de asumir con tranquilidad todas las implicaciones del pluralismo, entre ellas, el derecho a la frivolidad. Ésta es, a mi entender, la principal enseñanza de lo ocurrido y la principal advertencia de lo que puede ocurrir si las cosas no cambian.