NEGOCIACIÓN Y LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

Unidad de las fuerzas democráticas en la búsqueda de la paz

EL PAÍSTodos los partidos parlamentarios del País Vasco, excepto Herri Batasuna, suscribieron el pasado 12 de enero un pacto de normalización y pacificación de Euskadi, que intentaba reconstruir el consenso en tomo al Estatuto de autonomía y de deslegitimar cualquier intento de justificación de la violencia como vía para alcanzar objetivos políticos.

La unanimidad de las fuerzas democráticas de Euskadi es el paso principal de un proceso de negociacíión política, trabajosamente fraguado desde la primera declaración realizada por el Parlamento vasco en 1985.

Una serie de atentados ...

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EL PAÍSTodos los partidos parlamentarios del País Vasco, excepto Herri Batasuna, suscribieron el pasado 12 de enero un pacto de normalización y pacificación de Euskadi, que intentaba reconstruir el consenso en tomo al Estatuto de autonomía y de deslegitimar cualquier intento de justificación de la violencia como vía para alcanzar objetivos políticos.

La unanimidad de las fuerzas democráticas de Euskadi es el paso principal de un proceso de negociacíión política, trabajosamente fraguado desde la primera declaración realizada por el Parlamento vasco en 1985.

Una serie de atentados de ETA precedieron a esta primera iniciativa de la Cámara vasca, tomada el 14 de marzo de 1985. Los grupos del Parlamento vasco aprobaron entonces una declaración por la que se negaba a los terroristas legitimidad.

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Sin embargo, las convulsiones internas del PNV no permitieron aprovechar el impulso político que suponía esta postura conjunta. Transcurridos más de dos años, Felipe González puso en marcha un proceso de negociaciones para lograr el acuerdo de los grupos representados en las Cortes.

El 5 de noviembre de 1987 todos los partidos representados en el Congreso, a excepción de Eusko Alkartasuna (además de HB), suscribieron un documento que denunciaba la falta de legitimidad de ETA para expresar la voluntad del pueblo vasco; rechazaba su pretensión de negociar los problemas políticos del mismo; manifestaba el "común empeño en continuar siendo fieles a la voluntad expresada por los habitantes del País Vasco al aprobar el Estatuto de autonomía"; y emplazaba a ETA "para que abandone definitivamente las armas".

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En esa misma declaración, los grupos parlamentarios mostraban su acuerdo con la derogación de la ley antiterrorista y establecían mecanismos de "información entre los partidos y el Gobierno para continuar reflexionando conjuntamente sobre los problemas del terrorismo".

Ese acuerdo parlamentario animaba a los partidos vascos en su empeño por alcanzar un acuerdo definitivo y unánime frente a la violencia".

Esa invitación se hizo realidad en las semanas siguientes. El pasado 12 de enero, los grupos de la Cámara vasca suscribieron un documento de 17 puntos en el que se hizo el máximo esfuerzo por alcanzar la unanimidad. La actitud inicial de ETA, que trató de vincular el rechazo de la violencia con la elevación de los techos autonómicos, fue un problema considerable en toda esa negociación. Finalmente, la formación de Garaikoetxea firmó también el acuerdo.

Esta declaración atribuía al Gobierno vasco el derecho a encabezar toda acción política frente a la violencia, y afirmaba que "si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia" se apoyarán las vías de reinserción para quienes decidan o hayan decidido abandonar las armas.

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