El Gobierno, dispuesto a crear órganos autonómicos para enjuiciar delitos terroristas

E. Gobierno está dispuesto a estudiar la creación de órganos jurisdiccionales autonómicos con importante protagonismo en la instrucción o enjuiciamiento de Ios delitos terroristas dentro de la futura ley de Planta y Demarcación, según ha manifestado el ministro del Interior, José Barrionuevo, a varios dirigentes de la oposición, a los que ha expuesto las transformaciones legislativas que desde el punto de vista gubernamental deben acompañar a la derogación de la ley antiterrorista.

El Gobierno tiene intención de reformar la ley de Enjuiciamiento Criminal para que la policía quede ob...

E. Gobierno está dispuesto a estudiar la creación de órganos jurisdiccionales autonómicos con importante protagonismo en la instrucción o enjuiciamiento de Ios delitos terroristas dentro de la futura ley de Planta y Demarcación, según ha manifestado el ministro del Interior, José Barrionuevo, a varios dirigentes de la oposición, a los que ha expuesto las transformaciones legislativas que desde el punto de vista gubernamental deben acompañar a la derogación de la ley antiterrorista.

El Gobierno tiene intención de reformar la ley de Enjuiciamiento Criminal para que la policía quede obligada a informar a la justicia de la detención de un terrorista en el plazo máximo de las primeras 24 horas de permanencia en las dependencias policiales del presunto delincuente. mientras que la detención supone hasta ahora la automática incomunicación del detenido, en adelante será el juez, según la versión gubernamental, quien decida si el sospechoso debe permanecer o río incomunicado.

La reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal propuesta por el Gobierno establece que la solicitud de prórroga de 48 horas -respecto a los tres días a que autoriza inicialmente la Constitución- en la detención deberá serle formulada por la policía al juez durante las primeras 48 horas de estancia del detenido en manos de las fuerzas de seguridad, con objeto de que el juez disponga todavía de 24 horas más para meditar si concede o no la prórroga. Según varios grupos de la oposición, ésta es una de las propuestas más positivas del Gobierno, por cuanto asegura una intervención más inmediata de los jueces.

En relación con el deseo expresado especialmente por los nacionalistas vascos de aproximar la actuación judicial al ámbito geográfico donde se cometen los delitos terroristas, el ministro del Interior ha expresado la disposición del Gobierno a estudiar la posible creación, en el marco de la futura ley de Planta y Demarcación, de órganos jurisdiccionales autonómicos especializados en delitos terroristas. Ello supone aceptar como transitoria, la exclusiva responsabilidad de la Audiencia Nacional.

El ministro del Interior ha comunicado a los representantes de los grupos parlamentarios la decisión del Gobierno de mantener un amparo legal para que, en casos de excepcional importancia, la policía pueda entrar sin autorización judicial en un domicilio particular para detener a un presunto terrorista, si bien deberá informar inmediatamente de ello a la justicia. Al parecer, en adelante esta comunicación a los jueces la realizarán los gobernadores civiles, en vez del ministro del Interior.

Aunque este amparo es uno de los aspectos que diversos juristas y grupos políticos consideran como presumiblemente inconstitucionales en la ley antiterrorista todavía vigente, Barrionuevo ha defendido su mantenimiento para neutralizar el riesgo de posibles denuncias contra la policía por entrada ¡legal en domicilios privados.

Barrionuevo ha terminado esta semana la ronda de conversaciones "discretas" con representantes de la oposición tras mantener entrevistas con parlamentarios del Partido Demócrata Popular, Partido Liberal, Euskadiko Ezkerra, Coalición Galega, Agrupación de Independientes de Canarias y Partido Aragonés Regionalista.

Hasta ayer tarde no había sido enviado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el paquete de medidas legislativas sustitutorias de la ley antiterrorista, por lo que es prácticamente imposible que el Gobierno pueda enviarlas a las Cortes antes de dos semanas.