Renace el enfrentamiento en Castilla y León por la capitalidad de la autonomía

El anuncio de una proposición para fijar definitivamente las sedes de las instituciones autonómicas en la ciudad de Valladolid ha reabierto en Castilla y León una vieja polémica que se arrastra desde el momento mismo de la constitución de una comunidad autónoma donde el peso de la tradición provincial es aún muy fuerte. Castilla y León es la única comunidad que no ha podido determinar aún con carácter definitivo su capitalidad o, como suele indicarse más eufemísticamente, la sede de sus instituciones regionales.

Los recelos y aspiraciones de varias ciudades obligaron a incluir en el est...

El anuncio de una proposición para fijar definitivamente las sedes de las instituciones autonómicas en la ciudad de Valladolid ha reabierto en Castilla y León una vieja polémica que se arrastra desde el momento mismo de la constitución de una comunidad autónoma donde el peso de la tradición provincial es aún muy fuerte. Castilla y León es la única comunidad que no ha podido determinar aún con carácter definitivo su capitalidad o, como suele indicarse más eufemísticamente, la sede de sus instituciones regionales.

Los recelos y aspiraciones de varias ciudades obligaron a incluir en el estatuto de autonomía la necesidad de lograr una mayoría de dos tercios en las Cortes regionales para determinar esta cuestión. Tal mayoría no pudo ser alcanzada nunca durante la primera legislatura por falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios, lo cual no impidió que la mayoría socialista acordara ubicar por criterios de racionalidad la sedes del Ejecutivo y de las Cortes en Valladolid, aunque de manera "provisional".La dinámica de los hechos consolidó de hecho este acuerdo: tanto en el viejo colegio de la Asunción, sede del Gobierno, situado en las afueras de Valladolid, como en el castillo de Fuensaldaña, a seis kilómetros de la ciudad, sede de las Cortes, se emprendieron obras de infraestructura que hacen dificil pensar a estas alturas en un traslado. Quizá por eso el nuevo presidente conservador, José María Aznar, prometió en su discurso de investidura favorecer un pacto que permitiera consolidan formalmente la situación de hecho, pese a que tradicionalmente AP había defendido la ubicación de las Cortes en Burgos. Poco después, todos los grupos parlamentarios consensuaron el texto de dos proposiciones de ley que consolidaban la actual ubicación de las Cortes y la Junta, atendiendo a criterios de eficacia y racionalidad, mientras que fijaban la ciudad de Burgos como sede del Tribunal Superior de Justicia.Las respuestas no se hicieron esperar. El ayuntamiento de Burgos, con mayoría absoluta de Solución Independiente, un grupo local afin a AP que lidera el alcalde, José María Peña, aprobó inesperadamente una durísima moción reivindicando para su ciudad las tres instituciones y anunciando que en caso contrario harían lo posible por "sacar" a Burgos de la Comunidad.

Fuerte presión de Burgos

El presidente de la Junta, José María Aznar, puesto en una situación dificil, ya que necesitó para su elección en las Cortes regionales el voto de Solución Independiente y que apoyó en las municipales de Burgos esa candidatura, incluso en contra de la de AP, intentó quitar hierro al pronunciamiento municipal burgalés: hizo unas declaraciones en las que desautorizaba pero reconocía que el Ayuntamiento defendía los intereses locales. Horas después los parlamentarios regionales de AP en Burgos anunciaban que no aceptarían dar su voto para situar las sedes en Valladolid. Otros dos procuradores conservadores de León hicieron lo mismo, mientras que la ejecutiva provincial del PSOE leonés "recordaba" que se mantenía la aspiración de León como sede de las Cortes.