El Gobierno filipino acusa a grupos de extrema derecha de fomentar un golpe

ENVIADO ESPECIALEl director de la Seguridad Nacional de Filipinas, Emmanuel Soriano, acusó ayer, al término de una reunión del Comité Ministerial de Crisis celebrada en el palacio de Malacañang, en Manila, a cinco grupos de extrema derecha y a varias facciones del Ejército de constituir, la pasada semana, una alianza táctica para derrocar al Gobierno de Cory Aquino. Aunque no citó nombres en sus acusaciones, cabe destacar la alianza creada entre el actual vicepresidente, Salvador Laurel, que dimitió recientemente como titular de Asuntos Exteriores y ha pasado a la oposición de Aq...

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ENVIADO ESPECIALEl director de la Seguridad Nacional de Filipinas, Emmanuel Soriano, acusó ayer, al término de una reunión del Comité Ministerial de Crisis celebrada en el palacio de Malacañang, en Manila, a cinco grupos de extrema derecha y a varias facciones del Ejército de constituir, la pasada semana, una alianza táctica para derrocar al Gobierno de Cory Aquino. Aunque no citó nombres en sus acusaciones, cabe destacar la alianza creada entre el actual vicepresidente, Salvador Laurel, que dimitió recientemente como titular de Asuntos Exteriores y ha pasado a la oposición de Aquino, con el ex ministro de Defensa, Juan Ponce Enrile.

Soriano excluyó la posibilidad de que Aquino decrete la imposición de la ley marcial para controlar la actual crisis política y social que vive Filipinas. "Los intentos golpistas descarrilaron la semana pasada", puntualizó ante los periodistas con la clara intención de tranquilizar las arenas movedizas de la política filipina.

Al mismo tiempo, unos 5.000 obreros izquierdistas realizaron una marcha hacia el palacio presidencial en demanda de mejores salarios. Policías fuertemente armados y provistos de máscaras de gas siguieron a los manifestantes sin que se produjeran enfrentamientos. Ayer se cumplió la segunda jornada de la semana de huelgas planeada por los cuatro mayores sindicatos de Filipinas, que ha tenido una escasa respuesta.

Cory Aquino, que aparece cada vez más debilitada políticamente, se ve acosada por la presión de la derecha y la de los sindicatos, que piden un aumento salarial lineal de 10 pesos por día (unas 70 pesetas), en contra de los seis aprobados por la Asamblea Nacional, o los ocho pesos prometidos por la presidenta.

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