La Junta de Extremadura denuncia a tres magistrados por enemistad manifiesta
La Junta de Extremadura presentará hoy ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Cáceres el escrito de recusación contra los tres magistrados que la componen, para que se abstengan de conocer de los recursos relacionados con la ocupación de la finca Valero, prevista para el pasado 5 de octubre y suspendida por dicha sala. El Gobierno regional extremeño alega enemistad manifiesta y animosidad de los tres magistrados contra la Junta, así como que el tribunal asesora jurídicamente a la propietaria de la finca, Rocío Falcó y Fernández de Córdoba.
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La Junta de Extremadura presentará hoy ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Cáceres el escrito de recusación contra los tres magistrados que la componen, para que se abstengan de conocer de los recursos relacionados con la ocupación de la finca Valero, prevista para el pasado 5 de octubre y suspendida por dicha sala. El Gobierno regional extremeño alega enemistad manifiesta y animosidad de los tres magistrados contra la Junta, así como que el tribunal asesora jurídicamente a la propietaria de la finca, Rocío Falcó y Fernández de Córdoba.
En lo que constituye el primer conflicto jurídico frontal de un Ejecutivo autónomo con la totalidad de un tribunal de justicia, la Junta de Extremadura recusará hoy al presidente de la mencionada sala, José María Crespo Márquez, y a los magistrados de la misma, José Manuel Pérez Clemente y Ezequiel de Pablos Abril, por enemistad manifiesta hacia la Junta de Extremadura y su presidente, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Se inicia así un nuevo episodio en la pugna de la sala con el Gobierno extremeño desde que en mayo de 1986 éste decretó la expropiación de uso de las fincas Las Aguijuelas, El Verdugal y Valero en aplicación de la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables.En el escrito, elaborado en el despacho de abogados que encabeza José María Mohedano, la Junta de Extremadura se refiere en particular a la imagen de parcialidad y de no ecuanimidad exteriorizada por el presidente de la sala, José María Crespo Márquez, cacereño, de 61 años, en declaraciones a los medios de comunicación. Así, señala que, en relación con una condena en costas a la Junta de Extremadura, declaró a Hoy, de Badajoz: "El que pierde, paga, o, lo que dice otro refrán popular, el que rompe, paga y se Heva los trastos rotos". Igualmente, el 22 de agosto de 1986, en el diario Extremadura, de Cáceres, Crespo anticipó el resultado de un recurso sometido a la sala que presidía.
El 'campo de batalla'
La Junta de Extremadura presentó una denuncia el 31 de julio de 1987 ante la sección disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por determinadas irregularidades en la tramitación de un recurso. Según reflejó Hoy el 1 de agosto, "el juez Crespo cree que la denuncia ante el CGPJ es una pataleta de niño mal educado". Las declaraciones incluían también la siguiente afirmación: "Ahora mismo, pretender volverme atrás de mis ideas no solamente significaría un cambio de opinión, sino abandonar el campo de batalla".La elección de la expresión campo de batalla en unas manifestaciones que, según el declarante, dejaban "clara cuál es la posición de la Sala" son calificadas por los recusantes como expresión de "su beligerancia en el procedimiento judicial en el que litigaban la Junta de Extremadura y la propiedad de la finca Valero".
La Junta de Extremadura alega que la parcialidad y animosidad queda también de manifiesto en una serie de resoluciones de la sala que reflejan una predisposición y actuación contumaz dirigida a conseguir la suspensión o paralización ( ... ) de la ocupación de la finca Valero". Entre ellas destaca una en la que se consideró que la ley aplicada podía ser inconstitucional "respecto de este caso particular".
Los recusantes arguyen otras resoluciones en las que la sala no dio audiencia a la Junta o "sustituyó la actividad de la parte [la propietaria de la finca] y se constituyó indebidamente en su asesor jurídico". Alegan en concreto la resolución de 30 de septiembre último, en la que la sala "invitaba claramente a interponer un nuevo recurso (...) a la propiedad para suspender la ocupación definitiva de la finca".
Añaden que de forma inmediata a esta invitación, Rocío Falcó presentó el 2 de octubre un recurso. Al día siguiente, sábado, los tres magistrados se reunieron, lo admitieron a trámite y suspendieron el acuerdo de ocupación de la finca sin dar audiencia a la Junta de Extremadura, que califica de "kafkiana" esta forma de proceder.