UGT desconfía del marco que el Gobierno prepara para las eléctricas

La Federación Estatal de Industrias Químicas, Energéticas y Afines de UGT desconfía del denominado "marco legal y estable" que el Ministerio de Industria y Energía negocia para el sector eléctrico, y afirma que el margen de maniobra que el mismo permite será "insuficiente" para resolver los problemas que afronta. La Unión General de Trabajadores justifica la concesión de un aval del Estado a la deuda eléctrica siempre y cuando exista una reducción de la misma con cargo a los accionistas y acreedores bancarios.En un documento de 37 páginas, discutido y aprobado por la federación, UGT-Químicas d...

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La Federación Estatal de Industrias Químicas, Energéticas y Afines de UGT desconfía del denominado "marco legal y estable" que el Ministerio de Industria y Energía negocia para el sector eléctrico, y afirma que el margen de maniobra que el mismo permite será "insuficiente" para resolver los problemas que afronta. La Unión General de Trabajadores justifica la concesión de un aval del Estado a la deuda eléctrica siempre y cuando exista una reducción de la misma con cargo a los accionistas y acreedores bancarios.En un documento de 37 páginas, discutido y aprobado por la federación, UGT-Químicas denuncia también "el acoso y derribo al que se está sometiendo a la empresa pública por parte del sector privado y de la banca", al tiempo que hace un llamamiento a los responsables de las empresas públicas para que adopten "medidas más decididas que contraresten esta presión".

Celedonio Martínez, secretario de estudios de la federación, resume las conclusiones del documento en los siguientes puntos: desconfianza por "insuficiente" del marco general y estable, excesivo peso sobre tarifas en el saneamiento, denuncia del escaso papel atribuido al sector público en la distribución e imprecisa clarificación del alargamiento de los costes diferidos. Todo ello, deja "los márgenes de actuación reducidos" para resolver el problema planteado.

Para UGT, el futuro del sector debe partir de cambios profundos en la gestión privada de las empresas y debe basarse en un acuerdo de principios que conlleve la aportación por accionistas y acreedores de un billón de pesetas (de un total de deuda de cuatro billones), a cambio de la concesión por el Estado de un aval del total del pasivo.

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