Vísperas de la concertación

LA PROPUESTA de UGT de abrir de forma inmediata las negociaciones para "retomar el proceso de concertación", aun con las limitaciones que el mismo sindicato impone, rompe una espera que amenazaba acabar con el diálogo por el simple procedimiento de no iniciarlo. Aparentemente, el método sigue siendo el principal obstáculo. Sin embargo, la disposición del Gobierno a aceptar incluso acuerdos parciales que, sumados, conformen el gran pacto social que persigue el Ejecutivo puede ser una buena fórmula. Por otra parte, todo parece indicar que, en realidad, el debate sobre la forma ha ocultado el fon...

LA PROPUESTA de UGT de abrir de forma inmediata las negociaciones para "retomar el proceso de concertación", aun con las limitaciones que el mismo sindicato impone, rompe una espera que amenazaba acabar con el diálogo por el simple procedimiento de no iniciarlo. Aparentemente, el método sigue siendo el principal obstáculo. Sin embargo, la disposición del Gobierno a aceptar incluso acuerdos parciales que, sumados, conformen el gran pacto social que persigue el Ejecutivo puede ser una buena fórmula. Por otra parte, todo parece indicar que, en realidad, el debate sobre la forma ha ocultado el fondo de los problemas. Cuando se analiza cada una de las propuestas se comprueba que nada justifica la displicencia con que las centrales acogieron la propuesta del Gobierno.La propuesta adelantada en julio por Felipe González ya contemplaba la distinción entre las materias que habrían de discutirse a tres bandas y las que serían objeto de discusión entre sindicatos y Gobierno o entre patronal y sindicatos. Carecen, pues, de sentido las pegas adelantadas estos días por el portavoz de Comisiones Obreras (CC OO) preguntándose qué papel podía jugar la patronal en la discusión del convenio de los funcionarios, por ejemplo. Las consideraciones complementarias sobre ' la "desastrosa política económica del Gobierno", que debería cambiar radicalmente para que el diálogo fuera fructífero, son sencillamente demagógicas. Todos coinciden en la necesidad de establecer urgentemente el diálogo social, que es de lo que se trata, y enredarse en debates metodológicos sólo revela temor a asumir responsabilidades.

La Unión General de Trabajadores propugna una negociación continua que parta del programa electoral socialista como mínimo no sometido a revisión -pues interpreta que tal revisión sólo podría darse a la baja- y que no se conciba como un acto (la firma solemne como garantía de estabilidad), sino como un proceso. En el fondo, UGT está pidiendo el reconocimiento institucional de los sindicatos como elemento negociador. Que el Gobierno tenga en cuenta su opinión a la hora de tomar sus decisiones. El papel que reivindica la central socialista se aproxima mucho al que debería desempeñar el Consejo Económico y Social. Pero la participación institucional de los interlocutores sociales es justamente uno de los ejes de la concertación propuesta por el Gobierno.

Posiblemente tienen razón los sindicatos cuando se quejan de haber perdido una parte importante de su cuota en la renta nacional en beneficio de los empresarios. Pero es que si algo justifica el ensayo de concertación es el intento de hacer participar a los sindicatos en la determinación de la utilización a dar a los excedentes creados en el último periodo de forma que favorezcan la creación de empleo, por una parte, y el reforzamiento de la política social en terrenos como la sanidad o la enseñanza, por otra. Es decir, hacer de la propia concertación un factor corrector de los desequilibrios del reparto de la renta generada.

Las perspectivas de crecimiento de la economía española, y la posibilidad de aprovechar esas perspectivas para mejorar nuestra posición relativa en un contexto internacional en el que reaparecen síntomas recesivos, pueden irse al traste si en lugar de un acuerdo general que garantice cierta estabilidad en las relaciones sociales lo que se busca es el protagonismo derivado de una prolongación de la conflictividad del primer semestre del año. No hay que olvidar que aunque los últimos datos macroeconómicos, de los que dispone la sociedad española son bastante buenos -en realidad, los mejores con mucho desde hace 15 años-, su fragilidad los pone en evidencia mes tras mes, lo que puede indicar el peligro de ponerlos en cuestión con políticas económicas expansionistas a ultranza. Los sindicatos españoles harían bien en sacar lecciones de la reciente experiencia del Reino Unido, donde un Gobierno conservador ha conseguido difuminar la presencia de las antaño poderosas Trade Unions con la complicidad de buena, parte de los trabajadores británicos.